El Gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s50.000 millones a desembolsar en tres años, a cambio de un mega ajuste fiscal que recaerá en la obra pública y las transferencias a las provincias y modificaciones en la política monetaria que incluyen nuevas metas de inflación, la reducción del stock de Lebac y el fin del financiamiento del Banco Central al Tesoro. Así lo anunciaron ayer en conferencia de prensa el minstro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger.
Se trata de un préstamo «stand by» que entrega el organismo multilateral por una suma que se convierte en la mayor que haya dado el FMI en los últimos años para este tipo de líneas, superando los u$s39.000 millones de Grecia del 2010.
A este crédito se le sumarán otros u$s5.650 millones, provenientes del Banco Mundial (u$s1.750 millones), u$s2.500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y u$s1.400 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
De esta manera, el Gobierno consiguió un total de u$s55.650 millones sin tener que emitir deuda en el mercado internacional y así poder hacer frente a eventuales corridas cambiarias como la que atravesó en abril y mayo, que le costaron cerca de u$s10.000 millones a las arcas del Central.
Como se esperaba, el entendimiento con el FMI implica un condicionamiento a casi la totalidad de la política económica: el organismo impuso modificaciones en materia fiscal y monetaria, aunque se incluyeron «cláusulas de salvaguardia social inéditas» que permitirán ampliar el gasto social en caso de ser necesario.
En términos de déficit, se mantiene la meta del 2,7% del producto para el 2018 -ya recortada previamente por el Gobierno desde el 3,2% cuando se desató la «turbulencia»- en tanto la de 2019 se reduce del 2,2% previsto anteriormente al 1,3%, lo que implicará un recorte adicional de casi un punto más sobre el PBI. Dujovne destacó que esto reducirá las necesidades de financiamiento en u$s20.000 millones hasta el 2021.
De acuerdo a las planillas difundidas ayer por Hacienda, el ajuste se sentirá principalmente sobre la obra pública y las transferencias corrientes a las provincias, que para 2020 se habrán reducido 81% y 74% respectivamente en relación a 2017. Las otras partidas que sufrirán serán los subsidios en energía y transporte (-48% en tres años), y en menor medida salarios (-13%). Por su parte, las jubilaciones tendrían un incremento del 7%.
El nuevo objetivo es llegar al equilibrio fiscal en 2020 y a un superávit primario de 0,5% del PBI en 2021.
El resto del anuncio se basó en las modificaciones en la política monetaria, que incluirá una reforma de la Carta Orgánica del BCRA para darle más «autonomía» y prohibir que siga financiando al Tesoro con emisión, mientras se intentará reducir el stock de Lebac con el pago anticipado de las Letras intransferibles que aún están en manos del Central.
Esto se verá acompañado de una nueva meta de inflación del 17% para 2019, 13% para 2020 y 9% para 2021: los objetivos puestos en la famosa conferencia del 28 de diciembre pasado volaron por el aire y, de hecho, los funcionarios reconocieron que la de este año ya no rige: «no tenemos ninguna para el 2018, por los desvíos, ya consumimos la mitad del 15%».
«Quizás los tiempos que nos pusimos fueron muy exigentes y además tuvimos eventos inesperados como la suba del petróleo», admitió Sturzenegger, que festejó que «se apagó la maquinita».