Para repasar: el máximo tribunal le dio la razón a la Ciudad en un amparo presentado en 2020, cuando Nación decretó quitarle fondos para entregarlos a la Provincia, en medio un conflicto con la Policía Bonaerense. Así, la Corte decidió por unanimidad reintegrarle el cobro del 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad, que Nación recortó para transferirlos a la provincia de Buenos Aires.
El fallo de la Corte significaría que los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires se incrementen en 2023 entre $174.000 millones y $191.000 millones, con lo que recibiría más de $500.000 millones por coparticipación. Pero por ahora eso no ocurrirá.
El Gobierno nacional decidió acatar el fallo pero con criterio propio. Pagará con bonos. O sea, a las arcas de la Ciudad no entraría ni un peso físico. Y sin eso no habrá eliminación del impuesto a las tarjetas. «Si no entra plata, no podemos hacer nada», afirman en off a Ámbito desde la administración de Rodríguez Larreta.
De hecho, aseguran que ahora la situación es peor que antes del fallo, porque la Nación dejó de entregar las transferencias no automáticas -algo que también estipulaba la Corte que debía ocurrir- por lo que recibe unos $55.000 millones menos.
El impuesto a las tarjetas de crédito aplica un 1,2% sobre las operaciones que se realicen con plástico en la Ciudad de Buenos Aires. Estaba convocada una sesión en la Legislatura a fin de año para eliminarlo, pero ya había estallado el escándalo de Lago Escondido por el que el Ministerio de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, debió pedir licencia.
La polémica surgió luego de que se revelara -con filtraciones de chats obtenidos con dudosa legalidad- un cuestionable encuentro en la estancia que el multimillonario británico Joe Lewis posee en Lago Escondido, del que participaron D’Alessandro, los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; su hijo Juan Bautista Mahiques, que es jefe de fiscales de la Ciudad; el dueño de una consultora, Tomás Reinke; y un exespía, Leonardo Bergot. También estuvieron el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y otro directivo, Pablo Casey, el sobrino de Héctor Magnetto. El grupo empresario habría pagado el viaje.
En el enredo político-judicial quedó atrapado el impuesto a las tarjetas. Mientras el Gobierno promueve el juicio político a la Corte Suprema, se mantiene firme en que con el pago mediante bonos está cumpliendo el fallo por coparticipación. Del otro lado, la Ciudad tiene decidido que no volverá a promover la baja impositiva hasta que no entre dinero real a sus cuentas.
Tal como informó Ámbito, no habrá movimientos en el expediente por coparticipación en el corto plazo. Y la Legislatura estará en receso hasta marzo, pero no se discutirá el impuesto hasta tanto se haya resuelto la disputa de fondo: la política.