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El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de ajuste del gasto público recortando y subejecutando partidas presupuestarias en distintas áreas del Estado. Durante los primeros dos meses, las jubilaciones se vieron afectadas fuertemente por el impacto de los bonos y el aumento de la inflación.
Un informe realizado por el Centro de Economía Política (CEPA) advierte que si el gobierno Milei continua por la senda del recorte de jubilaciones y deja de pagar bonos, habría una «reducción nominal del haber mínimo del 34%», a lo que habría que sumarle el efecto nocivo de la fuerte aceleración inflacionaria que se espera, lo que llevaría los de jubilados «a una situación crítica».
De acuerdo al estudio, la décimo segunda medición de la actualización jubilatoria derivada de la ley de movilidad aprobada en 2020, que sería aplicable desde marzo 2024, representaría una suba del 29,8%, cifra que está apenas por encima del 20,4% de enero y que, según las estimaciones, quedará ampliamente rezagada respecto de la cifra que se espera para el periodo enero/marzo 2024, que sería del 60,1% en el trimestre.
El documento recuerda que durante la gestión del Frente de Todos se decidió tomó la decisión de otorgar bonos para compensar la pérdida de las jubilaciones ante la inflación. La administración de Milei decidió prolongar durante los meses de enero y febrero 2024 el pago del bono pero congelando el monto en $55.000. Desde el CEPA consideran que el monto debería haber sido de casi $100.000 «para acompañar la variación de precios de enero y febrero».
Jubilaciones: el Gobierno planifica ajuste de 0,4 puntos del PBI
El informe advirtió también sobre la posibilidad de que el gobierno deje de pagar los bonos. «La preocupación principal, de todas formas, reside en la continuidad o no del bono y en el eventual monto a futuro. Esto se debe a que entre los rubros que configuran el ajuste fiscal planificado por el gobierno, se encuentran 0,4 puntos sobre PBI correspondiente a jubilaciones», indica el informe.
Si eso sucediera «sería una reducción nominal del haber mínimo del 34%, lo cual sumado a la fuerte aceleración inflacionaria que se espera, llevaría las y los de jubilados a una situación crítica. En términos de gasto previsional, de eliminarse el bono, ello implicaría un ahorro del 17% del gasto en dicho rubro”, puntualiza el documento.
En otro pasaje del informe se crítica los artículos de la movilidad previsional incluidos en una primera instancia en la Ley Ómnibus, que luego fueron excluidos del proyecto final que trató la Cámara de Diputados.
El estudio explica que la propuesta del oficialismo era impulsar una actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria desde abril 2024, con la inflación disponible a esa fecha (febrero 2024) en tanto que se mantenía la aplicación en marzo 2024 de la actualización con la movilidad vigente actual.
«¿Qué conclusiones derivan de ese análisis? La primera, y más general, es que los jubilados, si bien no perderían con la inflación, tampoco pueden aspirar a ganarle a la misma. No pueden ganarle sencillamente porque acompañarían la dinámica de precios. Pero, además ¿Dónde se congela la jubilación para que, de ahí en más, se acompañe la evolución de precios? ¿Es razonable ese nivel de jubilaciones reales? Ese punto de empalme no incluía la inflación de enero y eso significaba una brutal caída de los ingresos reales», plantea el documento.