Se trata de Alicurá, operada por la empresa AES Argentina; El Chocón Arroyito, a cargo de la firma Enel Generación; Cerros Colorados, operada por Oroazul Energy, cuyos contratos vencen el 11 de agosto, y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto, cuya concesión vence el 29 de diciembre próximo.

Martín Genesio, CEO de AES Argentina, ratificó el interés de la compañía de continuar con el negocio de la central Alicurá, la represa que regula el agua del río Limay en Neuquén y que produce el 8% de la electricidad del país, con 1.050 MW.

“Queremos quedarnos, esto ya lo comunicamos abiertamente y estamos dispuestos a hablar, para formar parte del activo pero en un rol preponderante y positivo”, señaló Genesio.

“Esperamos sumarnos a la mesa de diálogo, queremos seguir al frente de la central brindando nuestra experiencia y excelencia operativa, demostrada en todos estos años. Somos un actor positivo en este asunto”, dijo el directivo a +e.

Conseciones de represas hidroeléctricas

En junio, la Secretaría de Energía había dispuesto que la estatal Enarsa asumiera «transitoriamente» el control de esa represas, ante la inminencia de la finalización de los contratos de concesión luego de 30 años en manos privadas.

Si bien la prorroga será por 60 días, desde Energía aclararon que podría extenderse hasta 120 días, según lo dispuesto en la Resolución 574/2023 del Boletín Oficial de hoy.

De todas formas, estos son sólo cuatro de los 22 complejos hidroeléctricos cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operarán a partir de agosto.

Ahora, la Secretaría de Energía consideró «pertinente adoptar medidas dentro del marco contractual que permitan garantizar la continuidad del servicio que prestan las centrales y resguardar los intereses públicos vinculados con la generación energética y preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la cuenca».

Para lograrlo, sostuvo, «deben tomarse medidas tendientes a realizar un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales a los nuevos responsables y garantizar que la culminación de los contratos de concesión vigentes no incida negativamente en el despacho de energía que sea requerido por el SADI (Sistema Argentino de Distribución)».

Enarsa será el veedor que fiscalizará las actividades de las concesionarias a lo largo del período de transición. «El veedor tiene el derecho de asistir a todas las reuniones de la Asamblea y del Directorio de la concesionaria para lo cual deberá ser formalmente citado, como así también el de examinar sus libros, archivos y documentación, solicitar informes a cualquiera de los órganos y gerencias de la sociedad, designar colaboradores y delegarles funciones y atribuciones«, de acuerdo con la Resolución.

Además, Energía convocó a las provincias de Río Negro y Neuquén a designar un representante cada una para que, conjuntamente con el representante que designe el Ministerio de Economía, colaboren con Enarsa durante el período de transición establecido.

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