El megaproyecto de Ley que propone el presidente Javier Milei para su tratamiento en el Congreso incluye dentro de sus 664 puntos el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional. Para los especialistas, la estrategia busca vender sus activos para cancelar deuda y acumular divisas, aunque advierten que se resigna una “bala de plata” en un contexto donde se necesitarán instrumentos contracíclicos.
El artículo 226 del proyecto señala: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.
El FGS, entendido en la teoría como instrumento contracíclico para darle sustentabilidad al sistema jubilatorio en períodos económicos críticos, se compone en un 70% por títulos públicos y en un 30% por acciones de empresas, plazos fijos, obligaciones negociables, participaciones en fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y préstamos a provincias.
Ley Ómnibus: por qué se busca transferir los activos del FSG al Tesoro
¿Por dónde pasa la decisión de transferir sus activos al Tesoro? Para Kevin Castillo, miembro del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), se entiende que el traspaso de estos fondos tendrá dos objetivos: el primero, desarmar la deuda intra estado, es decir, todos aquellos bonos del estado nacional que pertenezcan al FGS, “pasarán a extinguirse”.
De hecho, el capítulo del proyecto denominado “Consolidación de la deuda del sector público nacional”, establece la cancelación total de las deudas intra sector público. Por otro lado, aquellos instrumentos vinculados a acciones de empresas “podrán ser vendidos por él gobierno para acumular divisas”, explica el especialista.
Sobre esta idea, un ex integrante de Anses considera que será más viable judicialmente vender las acciones, ya que “el mercado muere por recomprarlas y quitarse de encima al Estado”. Actualmente, la venta de activos mantiene un procedimiento específico, en donde interviene el Congreso de la Nación. Por otro lado, asume que pasar de manos el FGS sería quedarse “sin la rueda de auxilio dentro del sistema” para la política financiera ya que ha servido para las licitaciones públicas, para intervenir en la brecha cambiaria o bien se analizó pagar jubilaciones con este instrumento en plena pandemia.
Para Castillo, esta operatoria también plantea otros problemas. La disolución en el corto plazo de este fondo, que fue originado para resguardar la asistencia a un sector de la tercera edad “en franco crecimiento y con un mercado laboral que se espera con mayor desempleo”, le quita al Gobierno una “bala de plata” para resolver conflictos en dicho aspecto. “El Gobierno decide utilizar para sus propios fines un activo que se asume para el largo plazo”, advierte el especialista.
En segundo lugar, plantea que la urgencia económica “podría llevar a mal vender los activos disponibles”. Sobre el timing para llevar adelante una operación de venta de activos, el economista Joel Lupieri sostiene que dependerá de cuánto se moneticen las tenencias de FGS y el poder de fuego para ofertar activos al mercado con el fin de hacerse de divisas, aunque “siempre sabiendo que se está operando con un fondo que debería estar puesto a disposición de los jubilados”.
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Otra de las hipótesis contempladas es que el traspaso de los activos del FGS sea el primer paso para la privatización del sistema previsional. En este sentido, el economista señala que la utilización de los fondos disponibles “podría ser para financiar a la masa actual de jubilados y pensionados”, mientras que, por otro lado, la población económicamente activa actual “podría pasar nuevamente a un sistema privado de aportes jubilatorios”, bajo este supuesto.
La misma línea sostiene un exfuncionario nacional que dialogó con este medio. Aunque no supone el pase total a las viejas AFJP, sí cree que el traspaso de fondos se enmarca en una reforma previsional más profunda, donde los haberes deberán complementarse en el sector privado. “Las jubilaciones serán más bajas y se van a tener que complementar de forma privada con un seguro de retiro”, augura.
De todos modos, considera que la totalidad de activos no son suficientes para plantear cambios más radicalizados, como ofrecerlos como garantía para una eventual dolarización, como trascendió desde el ámbito de Luis Caputo tiempo antes de ser oficializado como ministro de Economía, pero sí para un préstamo o swap.
“No me parece descabellada la idea del traspaso. Tiene lógica económica, nadie se animó a tocar el FGS desde 2008 y su patrimonio no tiene relación con la cantidad de dinero destinado al pago de haberes previsionales durante los años”, concluyó.