El gobernador autorizó al Ministerio de Infraestructura a traspasar al máximo tribunal provincial el estudio, ejecución y fiscalización de trabajos en inmuebles con «gran deterioro» que posee el Poder Judicial en esa ciudad. La medida se publicó este viernes en el Boletín Oficial.
El gobernador Axel Kicillof autorizó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a delegar en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el estudio, ejecución y fiscalización de obras en propiedades del Departamento Judicial de Mar del Plata. Lo hizo a través del decreto 700/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial del distrito, donde se reconoció que en la actualidad «se observa un gran deterioro» en esas propiedades y que, dada su relevancia arquitectónica y patrimonial, resulta necesaria una intervención urgente.
El texto advierte además que «la situación crítica desde el punto de vista edilicio y contractual» en que se encuentran los inmuebles donde funcionan órganos judiciales torna impostergable la realización de los trabajos. Entre los fundamentos se señala que las obras exceden el límite contractual por el cual puede contratar directamente la Suprema Corte, de ahí la necesidad de la delegación prevista en la Ley 6021 y su decreto reglamentario.
El antecedente inmediato de esta decisión es un proceso de adquisición de inmuebles que la Corte provincial viene encarando desde hace años en distintos departamentos judiciales para resolver la emergencia edilicia. En Mar del Plata, en 2023 se concretó la compra de dos propiedades patrimoniales -Villa Devoto y Villa de Bary- ubicadas a unos 100 metros de la sede central de Tribunales, en una inversión cercana a los dos millones de dólares, y actualmente se realizaban tareas de restauración. Paralelamente, se avanzó en la compra de otro inmueble en Entre Ríos 2262, un antiguo hotel situado a pocos metros de Tribunales.
La crisis del edificio judicial marplatense se inscribe en un problema más amplio y persistente. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) viene denunciando una crisis edilicia en numerosos edificios del Poder Judicial bonaerense, y advirtió que el inicio de 2026 encuentra a muchas dependencias en un estado alarmante, con un deterioro sostenido de la infraestructura que «no solo afecta el normal funcionamiento de las oficinas, sino que en muchos casos pone en serio riesgo la salud de los trabajadores judiciales».
El marco normativo que habilita la delegación se remonta a la sanción de la Ley 13.795, que declaró el estado de emergencia de la infraestructura edilicia del Poder Judicial bonaerense, y a la posterior aprobación de un Plan de Infraestructura por la Ley 14.190. El mecanismo de delegar el manejo de ciertas obras en la Corte – en lugar de gestionarlas directamente desde el Ministerio de Infraestructura – ya había sido utilizado en 2015 mediante el Decreto 1798, cuando también se invocó la necesidad de dar respuesta a situaciones apremiantes.