Kreplak: «La fragmentación es el problema»
En diálogo con Ámbito, Kreplak explicó el diagnóstico que motoriza ambos proyectos: la fragmentación del sistema sanitario bonaerense. «La fragmentación es que cada centro de salud, cada hospital, cada profesional, cada prepaga, cada obra social tenga su propia lógica, su propio sistema, su propio sistema de información, que no haya una historia clínica única», describió. Esa dispersión, sostuvo, atenta contra la continuidad de los cuidados: «Uno va a tener una guardia, le dicen algo, le hacen algo, quizás entendió, quizás no entendió lo que le dijeron, se olvida, se atiende de vuelta y no hay ningún registro de lo que pasó».
El ministro calificó al sistema sanitario bonaerense como «el más grande de Argentina» y a su red pública como «la más grande de Latinoamérica», pero advirtió que «su principal desafío es la fragmentación». «El funcionamiento del sistema no puede estar sujeto a las voluntades políticas y acuerdos de trabajo. Necesitamos un marco normativo que consolide esos avances», planteó, en referencia a «más de 17 millones de bonaerenses».
Qué establece el Sistema Integrado de Salud (SIPBA)
El proyecto más extenso de los dos -72 artículos- crea el SIPBA para integrar los subsectores público, privado y de la seguridad social bajo «la rectoría indelegable del Estado provincial». Según los fundamentos, responde a «una configuración fragmentada de financiamiento, gestión y atención», con impacto directo en los indicadores: mayor mortalidad materna e infantil y menores coberturas de vacunación en los territorios más vulnerables. El texto garantiza «el no arancelamiento en ningún momento de la trayectoria de atención y cuidado de la salud en el subsistema público».
El SIPBA estará integrado por el Ministerio de Salud, los municipios, los establecimientos sanitarios públicos y privados, los trabajadores, los financiadores y los usuarios, bajo la rectoría de la cartera sanitaria. Ratifica el COSAPRO -creado en 2008- y reformula los CORESA, que sumarán directores de hospitales provinciales y de regionales del IOMA, además de tres mesas de trabajo con financiadores, prestadores, sindicatos y universidades.
Kreplak graficó el sentido de esa regionalización: en qué invertir los recursos de salud no puede ser «una decisión política del ministro, que se lleva bien con tal intendente o con tal secretario de salud», sino que debe basarse en indicadores objetivos, como «cuántas ambulancias tienen, cuál la tasa de uso, cuántos kilómetros recorre, cuánto tiempo tiene desde un llamado hasta que llega». «La objetivación, el trabajo con metas, con seguimiento, con indicadores es indispensable», resumió.
La Red Bonaerense de Atención y Cuidados
El corazón operativo del proyecto es la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud, con tres niveles de complejidad y mecanismos de referencia y contrarreferencia entre efectores. Para incorporarse, los municipios deberán garantizar el no arancelamiento, atender «sin importar el domicilio de residencia» y adherir a los lineamientos provinciales de fuerza laboral y gobernanza de datos.
Kreplak graficó ese objetivo con la red de ACV que ya funciona en la provincia: «Tenemos mapeados los servicios donde hay capacidad de resolver problemas de ACV en toda la provincia, con tomógrafos, con especialistas, con la medicación», y agregó que ante una emergencia «vayan directamente al hospital de referencia para que la intervención llegue a tiempo», algo que hoy «no puede ser que dependa de cada intendente». También citó la continuidad de cuidados tras una cirugía compleja: un hospital de alta complejidad «puede resolverte una parte de tu problema», pero después hace falta «poder continuar en una rehabilitación», con la posibilidad de «reconsultar con el que te operó» ante una complicación.
El financiamiento de la Red quedará atado al Fondo Provincial de Salud, que sumará, además del Tesoro, recursos del recupero de costos y convenios con la seguridad social y la medicina prepaga, destinados a mejoras edilicias y transferencias a municipios para recursos humanos, aunque «en ningún caso implicará relación laboral con la provincia de Buenos Aires».
Historia clínica única y gobernanza de datos
Uno de los capítulos más novedosos crea la Política Provincial de Gobernanza de Datos y Transformación Digital en Salud, con el Sistema Provincial de Información en Salud (SPIS) como marco legal, que integrará el Sistema Estadístico de Salud, la vigilancia epidemiológica, la Historia Clínica Electrónica Única y los registros nominalizados de vacunación.
«Universalizamos los sistemas de información, que tengamos la historia digital de la provincia como el método estándar de trabajo», señaló Kreplak, y puntualizó que quienes ya tienen su propio sistema podrán «interoperarla», es decir, transmitirla con los mismos campos de información.
La ley busca obligar a establecimientos, financiadores y profesionales a adecuar sus sistemas informáticos a los estándares que fije la autoridad de aplicación. La certificación con ese «Ecosistema de Integrabilidad» será requisito para la habilitación de prestadores y el acceso a incentivos financieros.
Un instituto universitario para la formación en salud
El proyecto crea también el Instituto Universitario Provincial de Salud «Floreal Ferrara» (IUPS FF), con sede en La Plata, autonomía académica e institucional y autarquía financiera, para dar un salto de calidad a la formación que hoy brinda la Escuela homónima, que según Kreplak forma a cerca de 10.000 alumnos, en su mayoría en tecnicaturas de enfermería.
«En muchos lugares no tenés otra forma de acceder a una educación universitaria», apuntó el ministro, y agregó que la provincia puede dar «la formación complementaria que los deje en un nivel universitario» a quienes ya se formaron en esas tecnicaturas. Adelantó que el instituto no demandará «una inversión económica muy significativa», ya que buena parte de esa capacidad ya existe, articulada con universidades de La Plata, Florencio Varela, La Matanza y Mar del Plata.
La enseñanza será «accesible y gratuita para todos los habitantes»; su conducción inicial quedará a cargo de un delegado organizador, con un Consejo Asesor Provincial integrado por la Comisión de Investigaciones Científicas, el IPAP, el COSAPRO y las universidades públicas de la provincia.
El regreso del laboratorio estatal de medicamentos
El segundo proyecto retoma una vieja aspiración de la cartera sanitaria: dotar de mayor agilidad a la producción pública de medicamentos, con la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, con el objetivo de «garantizar el suministro de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, ingredientes farmacéuticos activos» y fortalecer la «soberanía sanitaria» provincial.
Es la reformulación de la iniciativa que había obtenido media sanción en Diputados en 2024 y perdió estado parlamentario en el Senado. Es la tercera vez que se presenta, y ahora el Ejecutivo espera «tener el acompañamiento y los votos necesarios» para su sanción.
A diferencia de la producción pública actual, sujeta a los procesos administrativos típicos del Estado, la nueva sociedad tendrá un régimen más ágil, similar al de otros laboratorios públicos del país como los de Santa Fe, Rosario, San Luis y Río Negro. Kreplak ejemñlificó: «Si se rompe un elemento de una máquina, resolverla en minutos, y no en meses». Hoy, dijo, la producción pública ya fabrica medicamentos -como los de diabetes o antihipertensivos- a entre el 13% y el 20% de lo que cuesta comprarlos en el mercado privado.
El objeto social es amplio: investigación, desarrollo, producción, fasoneo, fraccionamiento, importación y exportación, control de calidad y explotación de patentes y marcas, con producción destinada «prioritariamente» a los servicios de salud públicos. Los fundamentos sostienen que esto permite «establecer mecanismos de coordinación y planificación» frente al gasto farmacéutico, y actúa como límite a los sobreprecios que fijan los laboratorios privados «cuando disponen de un monopolio de producción o una marca que se distinga». También habilita a desarrollar «medicamentos huérfanos», fuera del interés privado por su baja rentabilidad.
La sociedad quedará exceptuada de buena parte de la normativa administrativa estatal, aunque sujeta a la Ley de Administración Financiera, y sus relaciones laborales se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo nacional. Kreplak indicó que podrá asociarse con universidades o el sector privado, y planteó sumar la demanda de los municipios a la producción propia, para «juntarnos con la necesidad y la demanda de los municipios y lograr producir a mayor escala» con ellos. Según el ministro, ambas leyes responden a una misma lógica: para que el Estado funcione con eficiencia «también tiene que haber un acompañamiento normativo moderno», en momentos en que la provincia busca «hacerlo mejor».
El paquete llega en un contexto de tensión entre la Provincia y la Nación por el financiamiento sanitario. Kicillof sostiene que el ajuste nacional derivó en menos transferencias, aumento en los precios de los medicamentos y el cierre de cerca de 300 empresas privadas de salud, con más presión sobre el sistema público y deterioro de los indicadores sanitarios.
Ambos proyectos fueron ingresados el 23 de junio y ya cuentan con estado parlamentario. Resta ver si el oficialismo logra reunir los consensos necesarios para avanzar con su tratamiento.