Los últimos cuatro años en la Argentina estuvieron signados por eventos con impacto económico poco frecuentes: una pandemia, una renegociación con el FMI, una guerra internacional de alto impacto, una sequía histórica, crecimiento con muy alta inflación, etc. Pero lo que más destaca es un sector público nacional con cuentas deficitarias y provincias superavitarias. La pregunta siguiente es ¿cómo pasó esto si siempre es la Nación la que salva a las provincias? La respuesta tiene varios capítulos, pero el más importante arranca con la pandemia. Disclaimer: voy a evitar referirme a provincias en particular para no herir susceptibilidades.
El “cisne negro” que implicó la pandemia de 2020 fue una situación inesperada para las provincias que venían -varias de ellas- de un proceso de endeudamiento que las tenía en una situación incómoda.
El primer alivio presupuestario para muchas de ellas vino de la mano de una renegociación del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial que previamente les había otorgado ayuda financiera para distintos usos, entre ellos para cancelar deuda con Cammesa de algunas distribuidoras estatales, o un crédito puente que servía para sortear situaciones de iliquidez. ¿Qué pasó desde entonces (diciembre 2019)? La gran parte se han refinanciado constantemente hasta hoy sin amortizar la deuda con el Estado Nacional –ingreso que deja de percibir Nación y gasto que no realizan las provincias.
Desde el año 2020 con el inicio de la pandemia -y durante toda la gestión de gobierno- se utilizaron los Aportes del Tesoro Nacional para compensar la caída de la recaudación que se observaba producto del covid-19. Cabe aclarar que la distribución se hizo por el índice de coparticipación a todas las provincias. Más de $152 mil millones girados hasta hoy (a valores corrientes) explican parte del esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional.
Los regímenes especiales que complementan los recursos tributarios de origen nacional que reciben las jurisdicciones presentaron para 2020 un incremento interanual del 153%, $117,4 mil millones más que en 2019, con un crecimiento real en torno al 78%. Dicho aumento fue principalmente impulsado por el incremento en la recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales, por las modificaciones introducidas por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en diciembre 2019. Adicionalmente, las provincias fueron llamadas a renegociar sus deudas en moneda extranjera, despejando así importantes montos de sus presupuestos.
Esta situación de ingresos determinó un año con resultado económico superavitario para la mayoría de las provincias con excepción de Río Negro, Chubut y Neuquén. En 2021 se repitió el resultado superavitario para el total de las provincias. Para 2022 la tendencia continuó siendo positiva. En paralelo, todos los años resultaron deficitarios para Nación.
A agosto 2023 la coparticipación que reciben las provincias crece un 7,1% . Es decir, el proceso que ayudas a través de ATN, refinanciamiento de deudas y leyes especiales ayudó a que las provincias no sufrieran la caída de recursos. A esto se le agrega las readecuaciones al Conseso Fiscal, que evitó caídas en las recaudaciones provinciales.
Por todo esto, resulta llamativo que gran parte del sector público pueda optar por no acompañar la medida del pago del bono anunciada por el Ministro de Economía, habiendo sido ayudado durante estos años a tener una situación fiscal de la que la Nación no goza. Y más aún, cuando al conjunto del sector privado se le pide el esfuerzo que el sector público parece no dispuesto a hacer.
(*) Diputado nacional por Salta de UP, exsubsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior.