El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó este martes el cobro de la atención sanitaria no urgente a extranjeros no residentes en los hospitales nacionales. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 1066/2026, publicada por el Gobierno nacional.
La decisión tiene como antecedente la política implementada por la provincia de Salta a principios de 2024, cuando la administración del gobernador Gustavo Sáenz puso en marcha un sistema de cobro para la atención de extranjeros no residentes en los hospitales provinciales.
Cómo funciona el sistema de cobro para la atención de extranjeros en Salta
Desde el Gobierno salteño destacaron que la medida permitió generar un ahorro en los costos operativos del sistema sanitario y, al mismo tiempo, reducir de manera significativa la cantidad de pacientes extranjeros que recurrían a los hospitales públicos de la provincia. Parte de los recursos ahorrados fue destinada a la compra de ambulancias e insumos para fortalecer la atención de los pacientes salteños.
Uno de los principales efectos señalados por la administración provincial fue la fuerte disminución de los denominados “tours de salud”, vinculados al ingreso de personas provenientes de países vecinos que viajaban a Salta para acceder a prestaciones médicas en el sistema público.
Los datos oficiales muestran la magnitud de la reducción. En 2023, antes de la implementación del nuevo esquema, los hospitales salteños atendieron a 31.561 pacientes extranjeros. En 2024, esa cifra se redujo drásticamente a 77 personas, mientras que hasta julio de 2026 se registraron apenas 10 pacientes extranjeros atendidos.
La caída en la demanda permitió, según las autoridades provinciales, liberar recursos y mejorar la disponibilidad del sistema sanitario para los residentes. En ese sentido, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, destacó recientemente el resultado de la política y sostuvo: “Ahora tenemos camas para nuestros pacientes”.
La medida fue defendida por el Gobierno de Sáenz bajo el argumento de que los recursos públicos deben priorizar la atención de los habitantes de la provincia. También se planteó como una cuestión de reciprocidad, ante la falta de un acceso equivalente para los salteños que necesitan atención médica en otros países.
En materia de infraestructura, la administración provincial señaló que el ahorro obtenido a partir de la reducción de estas prestaciones permitió avanzar en la incorporación de 34 nuevas ambulancias, además de adquirir insumos destinados a los hospitales provinciales.
Para las autoridades salteñas, la experiencia demuestra que la regulación del acceso al sistema público para extranjeros no residentes puede traducirse en una mayor disponibilidad de recursos para los habitantes de la provincia y en un fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias.
La nueva normativa nacional mantiene, de todos modos, la atención de las situaciones de emergencia para todas las personas, independientemente de su nacionalidad o condición de residencia. En estos casos, continuará garantizada la asistencia cuando exista un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales del paciente.