La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo martes 10, a las 10.30, para dar un paso más en el debate sobre el proyecto que empujan intendentes de ciudades importantes del país, que busca una distribución equitativa de los impuestos al combustible que aportan todos los distritos, que serviría para recuperar los fondos que el Gobierno eliminó desde enero para subsidiar al transporte público, excepto en el AMBA. El desfinanciamiento genera múltiples inconvenientes en las provincias y esta última semana se reflejó en paros del gremio de choferes, UTA, en San Miguel de Tucumán y en Jujuy.
En rigor, integrantes de la Red Federal de Intendentes estuvieron en el Congreso la última semana de junio y se reunieron con los miembros de la Comisión de Transporte, que preside la mendocina Pamela Verasay (Juntos por el Cambio). Esa vez, del encuentro participaron los jefes municipales de Córdoba, Daniel Passerini; Rosario, Pablo Javkin; Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y de Paraná, Rosario Romero. De San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; Viedma, Marcos Castro; Formosa, Jorge Jofre; Rawson (Chubut), Damián Biss y de Neuquén, Mariano Gaido. En esa oportunidad, también expusieron sobre el escenario del transporte público algunos representantes del Comité Federal de Transporte (COFETRA).
Qué dice el proyecto
En la reunión, los intendentes presentaron su proyecto que contempla la creación del Fondo Federal de Compensaciones para los Sistemas de Transporte Públicos de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del país. El proyecto se articula en seis puntos.
El artículo de mayor relevancia es el segundo, que se refiere a la operatividad del proyecto, al definir las fuentes de financiamiento para la constitución de este fondo federal. Los recursos, dice la iniciativa, se nutrirán de un porcentaje determinado del impuesto a los combustibles líquidos y gas natural, de Aportes del Tesoro Nacional y otros recursos que se puedan asignar por leyes específicas. «El objetivo es garantizar una recaudación suficiente y sostenida que permita la efectiva redistribución de los fondos hacia los municipios y provincias del interior que más lo necesiten», se indicó.
Este artículo se propone asegurar «que los recursos del fondo sean adecuados y estables», permitiendo así una distribución justa y continua. «Al destinar un porcentaje específico del impuesto a los combustibles y complementar con aportes del Tesoro Nacional, se crea una base financiera sólida que puede ser ajustada y ampliada mediante futuras legislaciones», reza el proyecto. Esta estructura pretende corregir las disparidades actuales, donde los aportes realizados por las regiones del interior no se reflejan en devoluciones proporcionales.
«Los aportes que hoy realizan las provincias y municipios en concepto de impuesto a los combustibles no se ven reflejados en devoluciones proporcionales en favor de las jurisdicciones aportantes del interior,» señalaron los intendentes en el documento. Además, resaltan que la equidad en la distribución de los recursos es crucial para promover el desarrollo humano y la justicia social en todo el país.
Según argumentaron, el actual sistema de distribución incumple con el mandato constitucional que exige un reparto equitativo y solidario de los recursos. Las empresas de transporte del interior se enfrentan a costos operativos significativamente más altos debido a acuerdos paritarios nacionales que no reflejan las condiciones locales. «Estas empresas carecen del respaldo financiero que reciben las operadoras del AMBA, creando una situación de desigualdad y desventaja para los sistemas de transporte del interior», agregaron.
Qué sigue
La semana pasada se reunió la Comisión de Transporte pero no hubo consenso con el proyecto y por eso se pasó a cuarto intermedio para el martes próximo. En principio, se señaló a Ámbito, habría un dictamen conjunto del radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza. Su eje fue anticipado por el oficialista Lisandro Almirón: «Se presentará una propuesta de acuerdo a las posibilidades que tiene el Estado». «Es fundamental acordar con todo el arco político frente a esta necesidad de saber concretamente con qué erogaciones cuenta el Estado para afrontar este gasto importante que tiene en materia de transporte en todo el interior del país».
Sobre esta opinión están atentos los intendentes porque les preocupa que el oficialismo supedite el avance del proyecto «de acuerdo a las posibilidades que tiene el Estado». «Cuando se quiere, se puede, hay fondos suficientes pero este Gobierno pretende aplicar motosierra a todo y no es justo, cuando en el medio está el transporte, esencial para los millones de argentinos que lo usan a diario, que sufren su encarecimiento», sostuvo a Ámbito un funcionario de estrecha relación de un intendente importante del país, no peronista.
Desde Unión por la Patria pidieron que cualquier iniciativa se ciña al proyecto de los jefes municipales. Para el santafesino Diego Giuliano, diputado nacional y exsecretario de Transporte de la Nación, «en muchos lugares, hay una asimetría que tiene mucha historia en la Argentina, situación que se traslada al costo del transporte urbano».