La facultad de regular el tránsito y sancionar infracciones en Argentina recae en la Nación, que delega estas funciones a las provincias, y éstas, a su vez, a los municipios. En Buenos Aires, la gestión de las fotomultas está concesionada a empresas privadas, que son responsables de instalar y mantener las cámaras, además de procesar las infracciones.
Una de las figuras más conocidas de este esquema es Leandro Camani, dueño de Secutrans, una firma que gestiona más de 1.500 cámaras en municipios clave como Mar del Plata, Morón y La Matanza.
El hombre detrás de Secutrans
Leandro Camani tiene un pasado vinculado al entretenimiento y la farándula, antes de incursionar en el negocio de las fotomultas.
Dueño de boliches como Fabric Club y Beara, este último vinculado a una tragedia en 2010 por la que fue procesado y luego absuelto, Camani también ha tenido notoriedad en los medios por relaciones con figuras públicas como Nazarena Vélez.
A pesar de las controversias, consolidó su posición en el sector de las multas de tránsito, un negocio altamente rentable pero cuestionado.
Las irregularidades en las fotomultas
Un aspecto crítico del modelo de Secutrans es la cantidad de multas que resultan nulas. Según datos de juzgados bonaerenses, entre el 60% y 70% de las fotomultas emitidas tienen errores que las invalidan, como actas mal confeccionadas. Sin embargo, estas multas son procesadas de igual manera, dejando la responsabilidad de impugnarlas al infractor. Esto genera una carga adicional para la Justicia de Faltas y plantea dudas sobre la transparencia del sistema.
Un sistema cuestionado pero lucrativo
Aunque legalmente se debe beneficiar al conductor ante dudas o irregularidades en las actas, el volumen de multas inválidas pone en tela de juicio la eficiencia y ética del modelo de concesión. Además, se refuerza el debate sobre la privatización de funciones públicas esenciales, especialmente en un contexto donde los errores son la norma más que la excepción.
El negocio de las fotomultas, a pesar de sus fallas, se mantiene como una fuente de ingresos significativa para los municipios y las empresas involucradas. Sin embargo, la falta de controles efectivos y la alta tasa de nulidad evidencian la necesidad de reformas urgentes.