El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, confirmó ayer que la administración de Axel Kicillof también definió el congelamiento del precio del boleto de transporte público en la provincia por 90 días, en línea con la medida adoptada por el Gobierno de Alberto Fernández en los casos de “los servicios de transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional”.
Kicillof se plegó así a la “invitación” efectuada desde la cartera de Transporte nacional de Diego Giuliano a sumarse a la iniciativa, con gobernadores e intendentes como destinatarios.
Este escenario se da en medio de una escalada de incrementos en los boletos, aprobados en las últimas semanas en distintas ciudades del país. Por caso, ayer mismo el Concejo Deliberante de la capital correntina aprobó una suba escalonada de tarifa que lo lleva de los actuales $96,50 a $170 desde septiembre y a $200 desde el 1° de noviembre.
“Si no tomábamos la medida seríamos unos desalmados a los que no le importa nada la gente”, afirmó D’Onofrio. Y destacó que “si el Estado se retirara de la responsabilidad de subsidiar el transporte, todos y todas terminaríamos pagando mucho más”.
La iniciativa bonaerense, que alcanza a todo el parque automotor de transporte público que circula en PBA -incluido el sector que le corresponde del AMBA, y hasta al transporte fluvial- frenó en los hechos el incremento previsto para hoy en los colectivos.
“Tomamos la determinación de equilibrar las cargas y que no se siga dañando el poder adquisitivo de las y los argentinos, por eso es que suspendimos el aumento del transporte”, recalcó el funcionario (de extracción massista), con alcance también a la medida nacional.
Ayer el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, confirmó que el Gobierno nacional decidió “mantener las tarifas del transporte urbano a los precios de este mes (por agosto) durante 90 días, y no efectuar las actualizaciones que se debían realizar el primer día de septiembre”.
“Nosotros veníamos actualizando las tarifas de acuerdo a los índices del IPC, el índice de precios al consumidor, y la realidad es que hoy algunos de esos costos vinculados con la estructura que tiene la tarifa del transporte han quedado congelados, como por ejemplo el combustible”, afirmó.
En esa línea, subrayó que “lo que correspondía era acompañar las medidas que el ministro de Economía, Sergio Massa, ha implementado para enfrentar la devaluación exigida por el FMI”.
Giuliano resaltó que pusieron la lupa sobre el sistema de actualización de los costos de las tarifas, para “volver a analizar” que “no estén ligadas al IPC sino a los costos específicos del transporte”.
La cartera, a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, abrió una ventana de análisis para evaluar la normativa tarifaria vigente y considerar la estructura de costos que impactan en las tarifas de transporte público de pasajeros.
A través de la resolución 501/2023, estableció que la Secretaría de Gestión del Transporte -a cargo de Jimena López- realizará una revisión de la normativa relacionada con la redeterminación de los costos y las tarifas de los servicios públicos de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional.
La resolución determina también la continuidad de los cuadros tarifarios y tarifas establecidos para los servicios de transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional vigentes al 1 de agosto de 2023. Asimismo, resuelve la suspensión del mecanismo de actualización tarifaria establecido en el artículo 11 de la Resolución N° 1.017 de fecha 29 de diciembre de 2022.
Además, la resolución crea mesas de trabajo con las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros y con los operadores de los servicios ferroviarios, como ámbitos de intercambio para analizar las estructuras de costo de operación.