Asimismo, mientras se mantiene la puja entre el porteño Horacio Rodríguez Larreta y la Casa Rosada por el recorte de fondos coparticipables, que deberá definir la Corte ahora con presión de los mandatarios, ya se presentó en el Congreso el proyecto de los legisladores sanjuaninos para distribuir de forma equitativa los subsidios al transporte. Fue un anuncio de Sergio Uñac la semana pasada, cuando estallaba un paro de transportes en todo el país y los mandatarios salieron en coro a cuestionar el actual reparto de 85% al AMBA y 15% al resto del país, con tarifas de los boletos que se triplican en el interior.

En rigor, la bandera de la busqueda de una “Corte federal” -consignada en un documento escueto y con una tachadura- asoma relativa, en el marco de una integración actual donde hay solo un miembro porteño y donde pretenden ahora sumar “más sillas”. Y se topa además con el obstáculo de no contar con los votos para arribar a los dos tercios necesarios en el Senado para sellar las designaciones.

La carta llevó las firmas de Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut). Un adherente a la distancia fue el santafesino Omar Perotti, de viaje a Kuwait junto a su par cordobés Juan Schiaretti en busca de financiamiento para obras hídricas. Así, la iniciativa es de 16 + 1.

“El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal”, destaca la nota y apunta que convocarán “a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias”. En el eje transporte, insta al “debate legislativo en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio”.

Justicia

Tras la cumbre del CFI, el documento fue difundido por el santiagueño Zamora, del Frente Cívico, sello aliado al Frente de Todos en el plano nacional. Zamora, además, es presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande, que este viernes volverá a reunir en Tucumán a los diez gobernadores norteños, en una mesa transversal que incluye a peronistas, radicales y sellos locales.

“No está en la agenda formal de la reunión, pero el tema se va a hablar”, dijo a este medio un funcionario provincial de un distrito del NOA. Las cumbres regionales fueron caldo de cultivo para los reclamos a Nación: el Norte Grande, impulsado en 2020 por el chaqueño Capitanich, dio batallas en puntos consensuados sin distinción política y los subsidios fueron eje central, no sólo en transporte, sino también en tarifas eléctricas. Luego, el Parlamento Patagónico tomó fuerza más recientemente con planteos propios. Mientras en paralelo, la Región Centro que une a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos hizo lo propio. Por eso, los 16 mandatarios que firmaron la carta quieren ampliar la convocatoria: a otros gobernadores y a juristas locales. “Van a seguir conversando con otras provincias, para una reunión más amplia en el CFI y seguir trabajando los temas”, dijeron desde un distrito a este medio. Desde la Patagonia, ratificaron: “La idea es convocar a todos los gobernadores”.

Lo cierto es que hasta ayer los teléfonos no habían sonado. “Por ahora, nadie me contactó”, dijo a este medio un gobernador no peronista a Ámbito, mientras que otros optaron por el silencio ante la misma consulta.

La ampliación de la Corte a 25 miembros asoma como la batalla más complicada. “Se busca uno por provincia, habrá que ver cómo se arma la estructura”, confiaron desde un distrito.

Aún no hay un proyecto concreto, y por eso esperan sumar la mirada de especialistas para redactar un borrador. “La tendencia mundial es a la ampliación de los órganos colegiados de justicia. En Sudamérica casi todos los países han aumentado el número de integrantes de sus Cortes”, aseguraron desde otro distrito. Declaraciones similares vertió ayer el entrerriano Bordet en un encuentro local: “Tendría que reflejarse más representatividad de las provincias. Otros países de la región, como Brasil, tienen una representatividad más elevada”, y pidió que exista “más homogeneidad y coherencia con la distribución territorial de 24 distritos”.

Transporte

En el caso de los subsidios hay un consenso casi absoluto. De hecho, ya había proyectos en el Congreso de diversas fuerzas: uno de ocho provincias del Norte Grande y otro de un ala poco afín a la Casa Rosada, firmado por los senadores nacionales Alejandra Vigo (Córdoba Federal, de sello schiarettista), Alfredo Cornejo (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio) y Beatriz Ávila (JxC-Tucumán) denominado “Boleto Federal”

Esta semana se sumó otra iniciativa anunciada días atrás por Uñac. Con la firma de los senadores sanjuaninos Cristina López y Rubén Uñac y del tucumano Pablo Yedlin fue presentado el proyecto para crear el “Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT)”. “Cuenta con el apoyo irrestricto de 16 gobernadores que necesitan una nueva distribución de los subsidios nacionales al transporte”, dijeron en despachos cuyanos. El gobernador de San Juan fue uno de los primeros en quejarse ante el paro de transportes de la semana pasada al remarcar que el AMBA recibe $46 mil millones por mes en subsidios al transporte mientras que el resto de las provincias recibe $24 mil millones por año. “Está más que claro que el desequilibrio es total”, cuestionó.

El proyecto busca crear el “Fondo Único del Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros”, por la suma de $360.000 millones para el ejercicio fiscal 2022. El artículo sexto determina criterios de distribución: parque móvil afectado al servicio, kilómetros recorridos promedio mensuales, cantidad de empleados activos declarados, entre otros. En este caso, los mandatarios buscarán cerrar filas “y buscar lo que sea mejor para el conjunto”, dijeron desde el centro del país, en referencia a los proyectos que corren paralelos en el Congreso.