La Cámara alta de la Legislatura bonaerense aprobó en octubre pasado el proyecto de ley presentado por el Frente de Todos que establece la creación del Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de aplicaciones. Ahora el oficialismo bonaerense busca su tratamiento en comisiones para poder llevar la votación a Diputados y conseguir que la normativa entre en vigencia.
Pero, al parecer, no será tan fácil. Sucede que desde algunos sectores de la oposición comenzaron a cuestionar la iniciativa pese a que meses atrás no solamente fue aceptada por unanimidad en el Senado sino que, además, tuvo modificaciones dispuestas por Juntos por el Cambio en 10 de los 11 artículos que la componen.
El proyecto en sí, presentado por el senador Omar Plaini, obliga a las empresas empleadoras a inscribir tanto a sus trabajadores como a los vehículos utilizados. Y para dejar en claro su posición, el legislador del FdT cita, en diálogo con Ámbito, lo expresado por el presidente Colombia, Gustavo Petro, en torno a la misma situación: “Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo. Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas les decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre”.
Según Plaini “se trata de un registro con el que se los está protegiendo con derechos básicos. Y agrega: “Las empresas dicen tener 2600 empleados en relación de dependencia, entonces por qué no pueden tener también a los repartidores que son quienes asumen los riesgos en la calle”.
El senador le apunta directamente a Pedidos Ya y Rapi, las dos empresas más importantes en lo que se refiere al reparto de delivery en el país. Una fuente laboral que a octubre del año pasado tenía a cien mil repartidores en las calles de los cuales la mitad se mueven por la provincia de Buenos Aires.
Sobre esto, el diputado Sergio Siciliano (Juntos) aseguró que “es la puerta de entrada para regular a los repartidores como empleados de las empresas por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual podrían empezar a cobrarles impuestos”. Y añadió que “si esto ocurre, lo más probable es que desaparezcan 25 puestos de trabajo”.
Con este marco de fondo, trabajadores de ambas empresas se dieron cita ayer en la Legislatura para reclamar en contra de un proyecto que, según aseguró el diputado de Avanza Libertad, Guillermo Castello, en diálogo con este medio, “después de que lo votó, Juntos se dio cuenta que se había equivocado. Algo similar a lo que pasó con la ley de alquileres”.
Alcances
Y arremetió contra el legislador que presentó el proyecto. “Plaini es del siglo XIX. Este proyecto convierte el trabajo de delivery en trabajadores con contrato de dependencia y pasan a laburar 8 horas por día cuando los pibes que reparten quieren tener flexibilidad sin tener un jefe. Pasa de prestar un servicio a tener un contrato laboral. No entiende que el repartidor es propietario de las herramientas de trabajo y asume los riesgos de la actividad y los gastos. Es parte de la economía colaborativa que los sindicalistas no entienden porque solo quieren engrosar su caja”.