22 de febrero 2024 – 00:00

Su funcionamiento podría comprometerse desde abril si no se actualizan partidas. La UBA ya expresó su preocupación ante los recortes.

La rectora de la Unam, Alicia Bohren

En el cónclave en Misiones, además, se autorizó a Bohren para requerir ante organismos públicos fondos o refuerzos presupuestarios necesarios para llevar adelante “las funciones sustantivas de esta casa de altos estudios y cumplir las obligaciones asumidas con anterioridad a la crítica situación económica expuesta”. A su vez, se facultó a la rectora para adoptar “medidas necesarias y extraordinarias” para ajustar procedimientos que garanticen el normal funcionamiento de las seis facultades y dos escuelas de la Unam.

Según se explicó desde la universidad, la declaración se debe a la situación de emergencia económica que afecta al país, en virtud de la cual el Poder Ejecutivo Nacional dictó “diversas normas jurídicas adoptando medidas de estricta excepcionalidad y urgencia”.

A su vez, teniendo en cuenta que no hay presupuesto aprobado para este año y se prorrogará el del 2023, con los mismos montos de ese año sin tener en cuenta el contexto inflacionario, se “coloca a nuestra Universidad en la necesidad de adoptar medidas pertinentes” dado que según informes de áreas técnicas específicas de la Unam “surge un déficit que impedirá el normal funcionamiento ya que incide en los aspectos operativos y salariales”.

Presupuestos con aumentos

Este panorama planteado “afectará seriamente el cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad a lo largo del presente año lectivo”, se explicó a la hora de argumentar la declaración. Y agregaron: “Por ello resulta necesario planificar sobre los recursos económicos con que se cuenta a fin de cumplir con sus objetivos y fines institucionales, previstos estatutariamente, desarrollando políticas en beneficio de la comunidad educativa”.

A su vez, en el llamado a reunión del Consejo Superior se explicó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elevó recientemente nota a la Secretaría de Educación de la Nación con un pedido de presupuesto con aumentos cercanos al 300% respecto al año anterior.

Si esta solicitud no se aprueba “el funcionamiento de las universidades podría comprometerse desde abril” teniendo en cuenta que se prevé este año una inflación del 250%.