Desde el gobierno provincial también expresaron a los cuatro vientos que Cerro Amarillo va en línea con la ley 7722 de minería; es decir que no se utilizará para la explotación ninguna de las sustancias prohibidas, como el cianuro.
Este último punto busca prevenir protestas y ganar adhesiones políticas: la ley 7722 se intentó modificar apenas asumió Suarez la gobernación en 2019 y pese al respaldo del FdT local y de la Casa Rosada debió dar marcha atrás por las protestas de grupos ambientales.
Incluso, recientemente, brotaron quejas desde el departamento de Malargüe, donde se centra la atención del sector minero en Mendoza, para habilitar la actividad sin restricciones, y el intendente Juan Manuel Ojeda (también del oficialismo de Cambia Mendoza) presentó un proyecto de zonificación para que se exceptúe al municipio del corset de le norma vigente, bajo el argumento de la licencia social en los límites de su intendencia.
Sin embargo, Suarez ya aclaró que en lo que resta de su gestión no volverá a intentar la modificación de la ley 7722.
Agua
Desde el gobierno de Suarez también explicaron que el área se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe, por lo que no existe ninguna potencial afectación del agua en el sur mendocino, otros de los puntos que tiene en alerta a los grupos ecologistas.
“Se trata de un proyecto absolutamente compatible con las restricciones legales que tenemos en la provincia de Mendoza. La exploración está destinada a determinar el volumen y la calidad del mineral que se encuentra. Con estos resultados se corre a un proceso de prefactibilidad, en el cual se puede determinar el tamaño de la mina y, con este dato, el volumen de la inversión”, dijo el asesor de la Subsecretaría de Energía y Minería provincial, Emilio Guiñazú.
En el caso de Cerro Amarillo, en Mendoza estiman que podría requerir una inversión para su construcción de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, más de 4.000 empleos directos durante la construcción y más de 1.000 empleos durante la explotación.
“La explotación eventual de este proyecto se realizaría mediante flotación, proceso en el que no se utiliza ni ácido sulfúrico ni cianuro, por lo cual es una buena oportunidad para avanzar en trabajos mineros dentro del marco legal”, sostuvo Guiñazú.
Y añadió: “Por los antecedentes geológicos y otros proyectos de referencia, podría tratarse de un yacimiento importante ubicado sobre la misma formación geológica en la que se encuentran algunas de las principales minas de cobre de Chile, entre ellas El Teniente, que es la mayor mina subterránea del mundo”.
Glaciares
El proyecto se había presentado en 2014, cuando se realizó la DIA que luego contó con la aprobación por parte de la autoridad de aplicación.
Pero luego no pasó el filtro en la legislatura porque no estaba realizado el inventario de glaciares, que se finalizó recién en 2018.
“Lo que trababa este proyecto era el inventario de glaciares ordenado por la Ley nacional 25643, que estuvo listo recién en 2018. Con esta información se ratifica que Cerro Amarillo no tiene interferencia con glaciares y por eso los inversores privados deciden seguir adelante con los procesos administrativos correspondientes”, explicó el asesor del Gobierno de Suarez.
En ese sentido, cuando el gobernador anunció que enviaría el proyecto a la legislatura para aprobar la DIA, hizo mención además a la oportunidad que tiene Mendoza con la minería.
“Tenemos entonces una gran posibilidad de desarrollo en el sur que, si lo sumamos a lo que sucede con Hierro Indio y Potasio Río Colorado, estamos frente a una gran oportunidad para que desde Malargüe podamos generar mucha riqueza para la provincia”, explicó Suarez.
La estrategia del gobernador fue ingresar el proyecto por el Senado provincial, donde estima que no habrá oposiciones. En cambio, en Diputados, esperan la negativa del Partido Verde y de un puñado de legisladores.
En el gobierno provincial esperan que el tratamiento comience antes de fin de año, en lo que resta del periodo legislativo.
“Cerro Amarillo está dentro de la ley vigente para que no haya oposición, de manera tal que esto empiece a generar riqueza y empleo, para destinarlo a la infraestructura que necesitamos para el agua”, dijo Suarez días atrás. Y le puso presión a los legisladores: “Son ellos quienes deben aprobar todos los estudios para comenzar con la exploración de cobre dentro de la ley sin usar ninguna de las sustancias que la ley prohíbe”, concluyó en una rueda de prensa con medios locales.