El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció este jueves que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para crear el Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana, buscando avanzar contra los «créditos abusivos».
En un contexto donde la morosidad alcanza niveles récord, cada vez más provincias toman cartas en el asunto. Ahora fue el mandatario norteño quien anunció medidas buscando el alivio fiscal entre quienes hayan accedido a financiamiento.
El DNU contra los «créditos abusivos» en La Rioja
Quintela aseguró que «atravesamos una situación de extrema gravedad, que requiere una respuesta concreta y contundente del Estado provincial».
«Muchas familias ya no recurren el crédito para progresar, crecer, desarrollarse y mejorar su calidad de vida. Hoy, muchas veces se endeudan para pagar deudas. Ahí es donde aparece un problema que el Estado no puede ignorar», lanzó el mandatario.
Al respecto, habló del «uso abusivo y abuso financiero con tasa desmedida, refinanciaciones permanentes y deudas que terminan absorbiendo la totalidad del ingreso familiar.»
Consignó,a demás, que el decreto no busca impedir el crédito, todo lo contrario: «Busca evitar el abuso, que nadie pueda aprovecharse de la necesidad de una familia para obtener una rentabilidad desmedida, abusiva y usurera».
Paralelamente, se promulgó la ley que suspende por 180 días las ejecuciones prendarias en La Rioja.
La norma no elimina las deudas ni modifica los contratos originales, pero concede un plazo durante el cual acreedores y deudores podrán negociar antes de que se concrete la pérdida de los bienes ofrecidos como garantía.
Como otro antecedente, en julio la División Delitos Económicos detuvo a un hombre acusado de otorgar préstamos clandestinos y amenazar a una mujer hasta obligarla a entregar un terreno. Quintela afirmó que en algunas operaciones investigadas las tasas superaban el 1000%.
El futuro decreto amplía así la intervención provincial desde los descuentos salariales y las ejecuciones prendarias hacia el mercado de créditos de consumo. Su impacto dependerá de la letra definitiva, de las facultades regulatorias que invoque el Ejecutivo y de la capacidad estatal para fiscalizar tanto a las entidades formales como a los prestamistas clandestinos.