Otras dos mujeres no corrieron igual suerte debido a que tienen bebés de pocos meses, lactantes, pero continuaban ayer detenidas. Y una última mujer, con un embarazo avanzado, se encontraba internada en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche.
El tratamiento y el traslado de las mujeres detenidas, según el caso, generaron fuertes tensiones en el seno del Gobierno de Alberto Fernández, con foco en el malestar de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Desde su cartera no dudaron en hablar de la existencia de “graves violaciones a los derechos humanos” y de la decisión de intervenir “activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas, ante el incumplimiento por parte del Poder Judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte”. Anoche trascendió que Gómez Alcorta le presentó su renuncia al Presidente, en un nuevo cimbronazo en el gabinete.
Pero el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a defender el operativo, al asegurar que no hubo represión ni se ingresó al predio de Parques Nacionales con armas letales, al tiempo que se despegó de las detenciones y los traslados. “Hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo”, dijo.
El funcionario remarcó además que a su ministerio ahora “le toca otro tipo de tareas”, conforme a “lo que vaya indicando la jueza”. Además, afirmó que “las expresiones positivas que ahora se vierten” no condicen con “lo que venía sucediendo el último tiempo”. “Han incendiado un montón de casas, tomaron campos y agredieron gente”, dijo.
Ayer seguía el refuerzo de seguridad en la zona por parte del comando unificado que integran fuerzas federales y provinciales. Si bien en la causa hay secreto de sumario, se informó que seguían los rastrillajes en el área de la toma de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en busca de más personas con pedido de captura.
Con este telón de fondo, los abogados defensores de las mujeres detenidas apelaron la medida de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien ordenó el traslado. Los letrados rechazaron la decisión de “trasladarlas a más de 1.600 kilómetros de su grupo familiar y lugar habitual de residencia, atento que dicha medida les causa un perjuicio adicional a su privación de libertad”. “Incluso el hospital local sería un lugar más adecuado y cercano con sus familias, sus tradiciones y sus abogados defensores”, añadieron.
Por su parte, al referirse a la decisión judicial, el werken (vocero) del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, aseguró que “son días muy difíciles para nosotros como pueblo”. “Lo que está pasando es una reminiscencia de la Campaña al Desierto”, sentenció.
Carriqueo criticó además una serie de medidas que la jueza ordenó desde el martes por la tarde, tras las detenciones realizadas en los predios de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. En particular, reprochó que en las últimas 24 horas se hayan producido “una incomunicación, un secreto de sumario, una tardanza para que habiliten a la defensa, para no darle intervención a la causa”.