Al menos cinco trabajadores de la planta Pepsico fueron detenidos este jueves por la mañana en medio de un violento desalojo ordenado por la Justicia en la empresa cerrada de la localidad de Florida, en el partido de Vicente López.
Efectivos de la Infantería de la Policía de la provincia de Buenos Aires encabezaron el operativo ordenado por la jueza de Garantías N°3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, para despojar a los empleados despedidos y devolver las instalaciones a la firma de capitales estadounidenses.
A pocos minutos de iniciar el operativo, la Infantería había despejado las veredas aledañas a la fábrica con un grupo de choque provisto de escudos y gas pimienta y luego ingresó a la planta para sacar de allí a los exempleados.
Sin embargo, unos 50 trabajadores permanecieron en los techos de la planta para resistir el desalojo pedido a la jueza de la causa por parte del fiscal Gastón Larramendi. Los operarios decidieron ocupar las instalaciones el 26 de junio pasado, seis días después de que la firma cerrara de forma imprevista y comunicara la situación pegando un cartel en el portón principal.
La policía bonaerense fue asistida por personal de Gendarmería Nacional, que desde las 8.30 enfrentó con gases lacrimógenos y balas de goma a los trabajadores que encendieron neumáticos. En medio del desalojo, el grupo que resistió en los techos de la fábrica arrojó piedras y objetos a los efectivos.
En medio del operativo se hicieron presentes dirigentes políticos y candidatos como Nicolás del Caño, Myriam Bergman, Luis Zamora, Vilma Ripoll y Christian Castillo, entre otros. En solidaridad con los desalojados, los ferroviarios del tren Sarmiento paralizaron el servicio con un corte de vías.
Desde el interior de la planta, la nieta restituída Victoria Moyano contó en diálogo con el canal de noticias C5N que «una de las trabajadores se descompuso» y pidió asistencia médica. La delegada gremial Catalina Balaguer denunció que se «reprimió brutalmente a todas las compañeras mujeres trabajadoras» y responsabilizó al Gobierno nacional.
En tanto, el fiscal Larramendi justificó la medida y habló de usurpación ilegal. «Pedí el desalojo de la fábrica, es una historia larga. Esto arrancó por una toma por parte del personal el día 26 de junio. Según los denunciantes tenían una imposibilidad material, operativa y de riesgo ambiental de poder continuar, motivo por el cual se trasladaron a la planta de Mar del Plata. Ante esta situación se presentaron ante la fiscalía y la empresa dijo que quería llegar a un acuerdo con los trabajadores, en ese momento no se pensaba en el desalojo», sostuvo a radio El Mundo. Y continuó: «No cuestionamos el reclamo gremial ni el laboral, ambos son lícitos, pero todos los derechos no son absolutos. El derecho a reclamar no puede avasallar el derecho de los demás. Se pidió el desalojo por el riesgo ambiental generado. Estamos ante una planta que realiza material comestible y no está comprobado que se cumplan los controles para que los productos salgan a la calle», argumentó.
La planta tenía 537 empleados, de los cuales unos 450 ya aceptaron el acuerdo alcanzado por la firma alimenticia y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que conduce el exsecretario general de la CGT Rodolfo Daer.
Durante el desalojo al menos 15 efectivos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a la Unidad De Respuesta Inmediata Doctor Ramón Carrillo y al Hospital Bernardo Houssay, ubicado en la misma localidad bonaerense.
Para el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo el desalojo fue exitoso, aunque lamentó los oficiales heridos. «La policía actúa como tiene que actuar. Cuando uno tiene 15 policías heridos se sabe de dónde viene la violencia. El operativo fue como lo ordenó la Justicia. La policía actúa con protocolos de seguridad. Se actuó como se tenía que actuar. Mientras siga la orden judicial, la policía seguir en el lugar», enfatizó el funcionario.
Ritondo aclaró que en este tipo de desalojos la policía «no va armada» con pistolas letales y remarcó que de la maniobra participaron 180 gendarmes y 300 hombres y mujeres de la bonaerense.
«De los trabajadores que había en la planta, más del 90% había arreglado con la empresa. Eran pocos los que tomaban la fábrica. Se avisó por megáfono y la respuesta fue la violencia. Hay una gran cantidad de empleados que siguen trabajando, otros que aceptaron el arreglo», dijo el ministro.
En esa línea, reveló que María Eugenia Vidal siguió minuto a minuto los sucesos en Pepsico. «A la gobernadora son temas que le preocupan, que no haya heridos, la tuve al tanto desde primera hora», dijo.
La sargento Natalia Soleda Tapia Almeyda sufrió la fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda producto del golpe de una piedra arrojada desde el techo de la fábrica. A los hospitales ingresaron en total diez efectivos de infantería y cinco de la Policía de seguridad con lesiones leves, se informó. Por su parte, Luis Medina, delegado de PepsiCo, dijo que al menos una decena de trabajadores sufrieron heridas leves en medio del operativo de desalojo.
Respecto a la represión, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la candidata a diputada nacional por la primera sección electoral, Laura Russo, fustigaron el accionar policial.
«Es terrible y desdeñable la represión a los trabajadores de Pepsico por parte de un gobierno insensible a las demandas del pueblo», dijo Sujarchuk. En tanto que Russo, afirmó: «Familias que se quedan sin trabajo y sin sustento económico para darle de comer a sus hijos reclaman pacíficamente que los escuchen. A ese pedido el gobierno nacional y provincial le responde con represión».