La provincia de Buenos Aires formalizó ante la Corte Suprema una nueva demanda contra el Estado nacional por presunto incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio suscripto en 2023, con un reclamo que asciende a $1,13 billones, más actualización e intereses. La presentación fue girada este lunes, en la antesala de una audiencia vinculada a la causa por los fondos de Anses.
Se trata del octavo planteo judicial impulsado en menos de tres años por la administración de Axel Kicillof. El mandatario había anticipado el avance de esta acción la semana pasada, durante un encuentro con intendentes, y finalmente se concretó en el inicio de la semana.
De acuerdo con lo actuado por el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, con intervención del asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, la Provincia solicitó además una medida cautelar para que el Gobierno nacional restituya el mecanismo de actualización previsto originalmente y evite la generación de perjuicios hacia adelante.
El reclamo de la provincia de Buenos Aires
El reclamo incluye diferencias correspondientes al período 2023-2025 vinculadas al Fondo del Conurbano -objeto de litigios previos-, así como el saldo pendiente del convenio firmado en 2023. A ese monto se adicionan los ajustes e intereses derivados.
El Consenso Fiscal 2017, firmado entre Nación y provincias, establecía pautas de coordinación tributaria y de coparticipación, incluyendo la reducción gradual de impuestos como Ingresos Brutos, la adecuación de regímenes previsionales y la cobertura de déficits en cajas jubilatorias no transferidas.
Desde la Provincia sostienen que el Estado nacional modificó de manera unilateral el criterio de actualización, reemplazando el índice de inflación efectiva por estimaciones presupuestarias, lo que -según argumentan- derivó en una merma significativa de recursos.
La presentación se apoya en informes de la Comisión Federal de Impuestos y en la normativa vigente que regula los mecanismos de cálculo, bajo el principio de obligatoriedad de los acuerdos fiscales en el marco del derecho intrafederal.
Axel Kicillof CEDAF
En paralelo, la Provincia mantiene otros siete reclamos ante la Corte vinculados a recortes en distintos fondos y transferencias. Entre ellos se encuentran el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte, el boleto integrado, el FONID, el financiamiento para bosques nativos, la potestad de aplicar tributos locales sobre servicios de gas y los fondos de Anses destinados al IPS.
Este último expediente es el único que registró avances recientes: a mediados de mes se realizó una audiencia convocada por la Secretaría de Juicios Originarios, en la que participaron funcionarios provinciales y representantes de Anses, y se habilitó una instancia de intercambio de información hasta el 21 de abril.
Según detalla la demanda, las acreencias reclamadas incluyen anticipos adeudados por la Nación, diferencias en la actualización de los anticipos 2023 (calculados sobre base 2018), fondos correspondientes a 2024 con base 2020 y desfasajes entre el déficit de cajas no transferidas y anticipos sin actualizar de ejercicios previos.
En el escrito, la Provincia también remarca la competencia originaria de la Corte Suprema en este tipo de controversias, en línea con antecedentes recientes en causas vinculadas a coparticipación que involucraron a distintas jurisdicciones.
Asimismo, solicita al tribunal una consideración especial respecto de la obligación del Estado nacional de financiar los déficits previsionales de cajas provinciales no transferidas, conforme a normativa vigente desde 1999, al tiempo que subraya que la Provincia no se encuentra obligada a armonizar su sistema previsional con el régimen nacional, aunque sí debe remitir información a Anses para la estimación del déficit.
Por último, el planteo cuestiona el Decreto de Necesidad y Urgencia 280, firmado en marzo del año pasado, que instrumentó recortes en dichas transferencias, y cuya constitucionalidad es objetada por la administración bonaerense.