Salta se sumó al lote de provincias que habiendo agotado la vía del diálogo tomaron la decisión de recurrir a la Justicia para reclamar fondos que el Gobierno nacional les dejó de girar desde que Javier Milei está en la Casa Rosada. La grilla de los distritos que eligieron este camino está integrada ahora por Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Misiones y ahora la provincia que gobierna Gustavo Sáenz.
El dato sobresaliente del recurso presentado por el salteño radica en que, en los últimos ocho días, se reunió en dos ocasiones con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos. La semana pasada en su provincia, cuando estuvo acompañado por sus pares de Catamarca, Jujuy, Misiones y Tucumán; y este último martes en la Casa Rosada. Pareciera que fueron en vano los encuentros porque hoy la fiscalía de Estado salteña anunció que presentará en las próximas horas en la Justicia, un recurso para que la Nación cumpla con el envío de fondos para del FONID, el transporte público, programas de salud, de desarrollo social, para educación y obras públicas. De acuerdo al gobierno, «a pesar de que los recursos están previstos en leyes o en acuerdos y convenios firmados».
En el arranque de la semana, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) salteña, a cargo de Marcelo Ferraris, reclamó al secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, que se haga efectivo el pago de los subsidios nacionales. Desde este último lunes, el boleto mínimo es de $490 en esta provincia pero Sáenz advirtió que sin el subsidio nacional, podría subir a alrededor de $1.000.
En una entrevista con Ámbito, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto fue consultado sobre si recurrió a los Tribunales por la quita de los fondos. «Nosotros presentamos un amparo ante la Corte Suprema directamente, la semana pasada, para que nos restituyan el Fondo Compensado de Transporte», fue su respuesta. Y en relación al FONID, indicó: «Nuestros legisladores nacionales presentaron un proyecto en el Congreso Nacional, que esperemos que se trate en marzo. Que debatan los actores políticos para que realmente todos demostremos si estamos a favor o no, de poner a la educación como eje del futuro de la sociedad argentina».
Hace dos semanas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, interpuso una cautelar ante la Justicia Federal para pedir el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros. El requerimiento fue acompañado por el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, de Unión por la Patria, quien indicó que «esa zona fue la más perjudicada por la medida». Y hace unos días el juez federal Hugo Sastre, de Rawson, hizo lugar a una medida promovida por Torres y dispuso que cese la retención de la coparticipación ordenada por la Casa Rosada, por una deuda que mantiene Chubut. La decisión generó un duro enfrentamiento entre el gobernador y el presidente Milei, que derivó en que todos los mandatarios patagónicos se solidarizaran con su par, en primer lugar, y luego el resto de los jefes provinciales, excepto Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y el misionero Hugo Passalacqua.
«Una gravedad inédita»
Otro que eligió la vía judicial fue el bonaerese Axel Kicillof, quien anunció en una conferencia de prensa que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que ordenó el gobierno de Javier Milei. La decisión de Barcarce 50 se produjo unos días después de la escalada de tensión que la semana pasada tuvo como protagonista a Torres y el Jefe de Estado por la asfixia con la retención de envíos de recursos coparticipables. «Estamos ante una gravedad inédita, ante un presidente que deserta de sus obligaciones elementales. Se roba los recursos de las provincias», expresó Kicillof.
En la primera semana de febrero, el riojano Ricardo Quintela fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la retención de fondos coparticipables. La Rioja busca, de acuerdo a su recurso presentado, que «el Estado Nacional-Jefatura de Gabinete de Ministros transfiera a la Provincia de La Rioja la suma de pesos nueve mil trescientos millones ($ 9.300.000.000) debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) prevista por el artículo 83 de la ley 27.701 correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023, como así también, que transfiera a la Provincia de La Rioja la suma de pesos cuarenta y siete mil millones ($ 47.000.000.000) debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) mediante el sistema de ‘goteo diario de fondos coparticipables’’ o bien subsidiariamente, en doce (12) cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024».
«No son los gobiernos provinciales los afectados”
El que tampoco quiso quedarse afuera fue el santiagueño Gerardo Zamora. El 14 de este mes, tras una reunión de su gabinete, se comunicó que esa provincia tomó la decisión de acudir a la Justicia para reclamar el envío de fondos suspendido por parte del Estado nacional, como los el subsidio al transporte público y el FONID, entre otros. «No son los gobiernos provinciales los afectados, son los docentes que dejan de percibir esos montos, son los usuarios del transporte público de pasajeros, son los trabajadores y estudiantes a lo largo y ancho del país, ya que, por la eliminación del subsidio al transporte, significa un fuerte incremento en el precio del boleto en todas las ciudades del interior», se indicó.
Así como sorprendió la movida Sáenz, también lo fue la Passalacqua la semana. Aun cuando el viernes de la semana pasada evitó solidarizarse con Ignacio Torres, como sí lo hicieron casi todos los gobernadores, ese mismo día presentó una demanda contra el Gobierno nacional, también ante la Corte Suprema de Justicia. Tres días antes había estado en Salta en una minicumbre con Francos en la que no hubo respuestas contantes y sonantes, como pretendían los mandatarios.
La movida del misionero contiene un pedido de medida cautelar para exigir «el cobro inmediato de los fondos adeudados que le corresponden a Misiones en el marco de las leyes 25.053 (FONID) y 26.075 (Conectividad y Garantía Salarial nacionales)». La presentación, según Passalacqua, es «para asegurar la continuidad del pago de los mismos de aquí en adelante, tal como lo contemplan las leyes citadas».
