“Vamos a hacer todo lo posible para darle la jerarquía que requieren los servicios de Justicia en La Rioja. Darles servicios esenciales, sobre todo en lo edilicio y en lo salarial, y por eso conversamos con el Tribunal de Justicia sobre también dar la posibilidad de los cuatro servicios esenciales que son salud, educación, seguridad y Justicia”, expresó.
“Queremos dar autonomía financiera, sin tener que estar recurriendo permanentemente a que el gobernador o el ministro de Hacienda tengan que liberar fondos; que administren sus propios recursos y puedan equipar al sistema judicial como corresponde y desde el Ejecutivo garantizar que los salarios se acomoden a la motivación de todos los integrantes”, indicó.
Al referirse a las Madres del Dolor como representantes de las víctimas, Quintela destacó que “a veces las víctimas no tienen los recursos para contratar quien los defienda y eso se garantiza con este salto cualitativo que estamos dando en La Rioja”.
“Mi compromiso con el Poder Judicial es absoluto. Vamos a negociar un incremento salarial, tratando que paulatinamente se dé la jerarquía que corresponda a los cuatro servicios esenciales. Agradezco el esfuerzo, el compromiso de como llevan adelante el servicio. Hoy en su día deseo tengan lo mejor las empleadas y empleados del sistema judicial”, dijo Quintela.
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra, destacó la iniciativa legislativa del Ejecutivo y cuando el gobernador asume “plantea una reforma provincial”.
“Trabajamos con las organizaciones intermedias y al ir al Poder Judicial, pedimos a los jueces los aportes desde la experiencia. Las 6 leyes que se presentan hoy tienen que ver con un buen diagnóstico que se hizo, donde el Código de Familia trata la cuestión más sensible, y es la que contempla a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y discapacidad”, explicó.
“Hoy estamos aportando desde el Poder Judicial la posibilidad de que diputados puedan trabajar lo mejor de lo que se pudo haber aportado”, añadió.
Luego se mostró un video con la palabra el presidente del Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), Alberto Binder, quien además es asesor de proyectos de reforma judicial en diversas provincias argentinas y países de América Latina.