Se trata de un conflicto ligado a una tensa discusión -en el marco del proyecto de Presupuesto 2023- entre el Gobierno nacional y las provincias, que reclaman una mayor tajada de subsidios nacionales para el sector, en medio de un reparto de recursos que hoy beneficia ruidosamente al AMBA.
“La discusión sobre los subsidios en el transporte no tiene que enfrentar al Área Metropolitana de Buenos Aires con las provincias”, dijo ayer la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
La funcionaria enfatizó además que “tiene que llegarse a una solución general” y que “el transporte debe recibir cada vez menos subsidio y las empresas de transporte se tienen que hacer cargo de lo que tienen que hacerse cargo”.
La medida de fuerza -que afectó a las líneas de transporte urbano de pasajeros en el interior del país- no alcanzó desde un inicio al AMBA. Tampoco a Mendoza, Río Negro, Chaco y La Rioja (además de la ciudad entrerriana de Concordia), donde se alcanzaron acuerdos con empresarios locales.
En el resto del país, los choferes de colectivos iniciaron el miércoles un paro de 48 horas, ante “el fracaso de las negociaciones salariales” con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) en la cartera laboral, según lo asegurado por Fernández.
El sindicalista afirmó que se agotaron todas las instancias de negociación previas a la medida de fuerza para “no perjudicar a los 9 millones de usuarios que a diario utilizan los servicios”, pero advirtió que los empresarios “niegan el acuerdo y no abonan el aumento”.
“La UTA luchará por la efectivización de la mejora salarial a los trabajadores del interior”, dijo.