Los peronistas Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa), el cambiemita Ignacio «Nacho» Torres (Chubut) y los provincialistas Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro) rubricaron juntos un duro documento en rechazo a los cambios en la legislación pesquera.
Planteado como un tubo de ensayo de cara a futuras cuestiones regionales, la alianza entre los patagónicos para oponerse a los cambios sobre la pesca que incluye el proyecto de «ley ómnibus» desnuda una vez más las falencias de la administración libertaria y su falta de estructuras en dos plazas claves: las provincias y el Congreso.
El reclamo de los gobernadores patagónicos a Nación por la pesca
«Primero mandan y después, con suerte, preguntan», protestó una de las tantas voces irritadas con las formas de la gestión nacional tras el paquete enviado al Parlamento y el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Los reclamos de los mandamases del sur serán llevados ante Nación por el chubutense «Nacho» Torres, quien se posiciona como el interlocutor de esas provincias. El dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirá este jueves con el ministro del Interior, Guillermo Francos.
La cumbre fue confirmada por los entornos de ambos funcionarios a este medio e incluirá el pedido para revisar las modificaciones a la legislación pesquera vigente. “Sturzenegger sabe de pesca lo que yo sé de física nuclear”, dijo a Radio Rivadavia, en duros términos, el gobernador en referencia al autor del proyecto enviado al Congreso.
En particular esos cambios golpean desde lo económico a los distritos, pero también desde lo simbólico y político. No es casual que los gobernadores hayan decidido hablar de «soberanía» en el documento que compartieron el martes en horas de la tarde.
Por caso, la región patagónica reviste una sensibilidad especial en la cuestión de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sobre todo en la víspera de un nuevo aniversario de su usurpación, hecho del que este miércoles se cumplieron 191 años. Las administraciones aducen que la apertura de los mares dará vía libre a los navíos extranjeros para depredar las aguas argentinas, perjudicando a las firmas y pymes de bandera nacional.
Incertidumbre y expectativa en provincias
Consultado por Ámbito, el secretario de Pesca y Acuicultura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Carlos Cantú, manifestó que los cambios en la actividad atacarían el sistema de cuotificación.
«No sabemos cómo se va a llevar adelante el sistema de licitaciones internacionales. Creemos que se arranca por una medida equivocada. Primero tendría que tratarse con las empresas nacionales, después ver si es necesario recurrir a una empresa internacional», señaló el funcionario fueguino.
Al respecto, en la misma sintonía que los gobernadores, Cantú denunció un ataque a la soberanía nacional: «Al eliminar el artículo de 27 bis, que toca específicamente a los buques que están pescando en forma ilegal en aguas jurisdiccionales -que son nuestras pero que están en disputa por Malvinas-, no se tiene más en cuenta que esos busques son considerados de pesca ilegal y no reglamentada».
«Tenemos que reaccionar. Eso se consiguió después de mucho andar. Ese artículo habla específicamente del sector Malvinas», destacó.
En paralelo, el secretario denunció que el proyecto disminuye la importancia de las provincias en el desempeño del Consejo Federal Pesquero. «Les saca atribuciones del Consejo Federal y se las pasa a la autoridad de aplicación, como la de aprobar los permisos. Las provincias, entonces, vamos a dejar de tener injerencia en ese manejo. Es directamente una norma de corte unitario», apuntó.
Y amplió: «No entiendo por qué se ataca así a un sector que ha estado rindiendo buenos frutos con muy buenas exportaciones, con muy buena mano de obra ocupada en los puertos, en los buques. Ni siquiera es un sector deficitario: es altamente rentable para el país. Ha exportado más de u$s2.000 millones el año pasado».
“Mandaron un proyecto de ley a modificar lo que ya estaba. Una administración pesquera que, con errores o no, se ha desempeñado con éxito, porque todas las provincias tuvimos nuestros beneficios de esta orientación pesquera, que se utiliza desde el 2008 en adelante”, agregó.
Por último, Cantú señaló: “Todo el mundo aprendió a aceptarlo y a manejarse. Es transparente, porque todo el mundo maneja su cuota, con su sistema de control. Eso está perfectamente llevado adelante, no solo por el último Gobierno, sino desde que se implementó. Esperemos que surja luz en lso grises que tiene, porque son muchos”.
Más voces
Al scrum de gobernadores se sumó también la voz del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (JxC), quien advirtió que la reforma planteada al Régimen Federal de Pesca «desconoce la realidad económica y social del interior argentino, como es el caso de la región Mar del Plata».
«Derogar la obligatoriedad de desembarcar los recursos pesqueros en puertos argentinos y eliminar la obligatoriedad de contratar personal argentino va a causar grandes perjuicios al empleo, los intereses y a quienes viven en nuestras regiones», disparó.
En un tuit, Montenegro dijo que «seguramente haya que hacer cambios, también en este sector, tendientes a mejorar. Pero los mismos tienen que realizarse escuchando a los que vivimos en el interior, evitando el desconocimiento y pensando siempre en la generación de empleo, no en su destrucción».
