Las diferencias en torno del proyecto de Suarez, en rigor, terminarán de materializarse mañana, en la reunión de comisión que antecederá a la sesión prevista para el miércoles, en la que expondrán los magistrados Mario Adaro, Omar Palermo, Teresa Day y el presidente de la Corte, Dalmiro Garay.
En concreto, las principales discrepancias radican en la negativa del peronismo a aprobar una reforma que, a grandes rasgos, propone eliminar las salas para transformarlas en un tribunal colegiado.
“Lo más conveniente sería mantener el sistema de salas, que apunta a tener especialidad en derechos como el civil, comercial, el laboral y el penal. En eso hemos sido categóricos. El oficialismo sigue cerrado y no quiere escuchar propuestas”, evaluó el jefe del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, en declaraciones al diario Los Andes.
Argumentos
En sintonía, por caso, se expresaron la semana pasada los exministros de la Corte, Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde; y el abogado y exgobernador Arturo Lafalla, para quienes el hecho de que las causas lleguen a la Corte y se sorteen elimina las especializaciones.
“Hay indicios de la pertenencia política de la actual composición de la Corte, lo cual lleva a creer que fallan en función de su filiación política, y esto es malo. La ley puede ser el instrumento para acotar los malos efectos de esta división”, advirtió Lafalla a Radio U. Y propuso que “también se revise qué causas van al plenario, para que no haya discrecionalidad”.
Por su parte, y en un anticipo de la interna por las candidaturas para 2023, el diputado nacional Omar De Marchi, y líder del PRO mendocino, dijo: “Nosotros conocimos el proyecto cuando ingreso a la Legislatura. No antes. Aun en el PRO no tenemos una definición al respecto. Estamos analizando el tema, iremos configurando nuestra posición a medida que tengamos más detalle del proyecto. Es un tema de alto impacto y no debemos apresurarnos”.
Durante su participación en el debate de la comisión a la que asistieron diputados y senadores, el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, explicó que “el objetivo es llevar un sistema de forum shopping -de elección de los tribunales o de quienes van a resolver conforme a las conveniencias de cada uno de los litigantes- a un sistema más transparente, que es el sistema del Colegio de Jueces”.
“Entendemos que este es un proyecto superador de lo que está ocurriendo hoy en la Suprema Corte de Justicia y creemos que va a funcionar mucho mejor enmarcado en el contexto de las profundas reformas que se han venido realizando en la Provincia de Mendoza desde 2016 en adelante”, subrayó el funcionario.
Razones
“Este sistema trae mayor transparencia, celeridad y además permite equiparar las cargas de trabajo teniendo en cuenta que una de las salas de la Suprema Corte de Justicia, la Sala 2, tiene el 75% de las causas y la Sala 1 tiene el resto”, cerró.
Por su parte, el gobernador Suarez justificó la necesidad de reforma al sostener que “actualmente cada una de las salas jurisdiccionales la integran tres jueces, y el presidente de la Corte permanece eximido de funciones en ellas, salvo los casos excepcionales de subrogancia y plenos y que hoy propongo revisar, toda vez que la asignación de materias por sala ha generado una desproporción de trabajo que ha afectado el correcto y esperado funcionamiento del cuerpo e incluso ha llevado a un uso cuestionado del sistema de asignación de causas originarias”.
Al momento de presentar el proyecto de reforma, el oficialismo mendocino recordó que desde 2016, el Poder Judicial viene desarrollando una serie de modificaciones que “son vistas por otras provincias como un ejemplo”. Y citan, por ejemplo, el caso de Salta, que adaptó a su sistema algunas instancias como la oralidad en los procesos, los juicios por jurado y la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales, entre otros temas.