Será una larga transición en San Luis. Seis meses desde las elecciones del 11 de junio y el desembarco de Claudio Poggi en el Ejecutivo el 10 de diciembre para reemplazar a Alberto Rodríguez Saá que comenzaron con tensiones y cartas documento con amenaza de iniciar acciones legales en el fuero penal.
Días atrás, Poggi reclamó al actual gobernador que se respeten los plazos legales para ordenar el traspaso de mando y le pidió especialmente elaborar el Presupuesto 2024 que en agosto deberá ingresar a la legislatura provincial, mientras por lo bajo mascullaba que Rodríguez Saá no solo no lo había llamado sino que nunca había reconocido la derrota.
Ese pedido -que no fue contestado- escaló ayer en acciones que incluyen cartas documento, donde el gobernador electo reclama a los actuales funcionarios que se abstengan de contratar obras que comprometan su gestión, así como de engrosar el listado de empleados públicos en el final de ciclo.
La carta se dirigió no solo a Alberto Rodríguez Saá; también incluyó a los ministros y secretarios de Estados, al fiscal de Estado, al contador general de la provincia, al tesorero general de la provincia, a la rectora de la Universidad de la Punta y a responsables de la mayoría de los entes descentralizados.
En un video que se conoció a través de sus redes sociales durante la mañana de ayer, Poggi expresó que tomó conocimiento sobre contratos para pasar a la planta de empleados públicos a los actuales funcionarios políticos del Estado provincial. Y advirtió a los remitentes de las misivas que “si llevan adelante estas prácticas que violan la normativa vigente serán denunciados civil y penalmente, debiendo responder con su patrimonio por el perjuicio al erario público”.
“Los funcionarios políticos deben trabajar hasta el último día de gestión, el 10 de diciembre de 2023, y ese día dejan de pertenecer al Estado, se van con la gestión. Los contratos que se están realizando a los actuales funcionarios, la mayoría de ellos con la categoría más alta del escalafón, pone en riesgo la salud financiera de la provincia…”, agregó el actual diputado nacional y aliado del porteño Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio.
“En mi carácter de gobernador electo de la Provincia de San Luis para el período 2023/2027, intimo a usted se abstenga de llamar a licitación, adjudicar o contratar obras públicas, cuya ejecución exceda el vencimiento del presente mandato gubernamental, como así también se abstenga de aumentar la planta de personal más allá de lo autorizado en el art. 11 de la Ley N° VIII-0253-2022 (Ley de Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos de la Administración Provincial 2023)”, dice la carta documento enviada a los referentes políticos del oficialismo.
El texto agrega: “Todo bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales en su contra por su responsabilidad personal y solidaria conforme lo previsto en el art. 55 de la Ley N° VIII-0256- 2004 y/o de resarcimiento económico para la reparación del eventual y probable daño que sus actos u omisiones pudieren generar en el patrimonio estatal, y de formular las denuncias penales que correspondieren”.
En rigor, el primer round será la elaboración de la pauta de gastos, que si bien es responsabilidad del actual gobernador en su confección será ejecutado en su totalidad por Poggi al asumir. Éste, quien ya gobernó entre 2011 y 2015 como aliado de los Rodríguez Saá, se convirtió luego en su principal opositor. Aunque en estas elecciones contó con el respaldo de Adolfo en el retorno de la ley de lemas, que terminó impulsando la caída del PJ.