La propuesta del Gobierno se da en un escenario de suba de los precios internacionales de la energía que presionan sobre el costo de vida de los españoles, a partir de la irrupción de la guerra en Ucrania. Para contener este impacto, en el país ya se habían impulsado medidas para el ahorro de energía y control de las tarifas.
«Evaluaremos el impuesto a los bancos y consideraremos cuidadosamente la tributación de las grandes empresas energéticas», dijo Montero y agregó que espera que en 2024 la guerra en Ucrania haya terminado y «podamos plantearnos las cosas y la política fiscal de la aportación de las grandes empresas de una forma sosegada y de una forma que nos permita una reflexión conjunta como país».
Mientras que el impuesto propuesto para los bancos conlleva una carga del 4,8% sobre el beneficio neto por intereses y las comisiones netas de los bancos, el gravamen sobre las empresas energéticas incluye un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las empresas eléctricas.
El Gobierno ya ha dicho que está abierto a modificar su propuesta de ley para asegurarse de que no afecta a la estabilidad financiera del país y se ajusta a las propuestas europeas.
A diferencia de España, la Comisión Europea ha aprobado un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de petróleo, gas y carbón.
Se aplicaría sobre el 33% de los excedentes de beneficios imponibles de las empresas a partir de 2022, 2023 o ambos, entendiendo por excedentes aquellos que superen en un 20% la media de los beneficios imponibles de una empresa en los últimos cuatro años.
De momento, sin embargo, el Gobierno español quiere que el proyecto de ley sea debatido y aprobado con posibles enmiendas en el Parlamento en su forma actual.
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