Todo esto pese a que el Fondo aceptó y avaló el impuesto planteado por Guzmán en abril pasado. Y que incluso recibió el apoyo personal de Kristalina Georgieva durante la presentación del ministro en la pasada cumbre de primavera del Fondo y el Banco Mundial (BM). Martín Guzmán le había explicado la idea ante Gita Gopinath, la autoridad interna más importante del organismo financiero que en líneas generales controlará el Facilidades Extendidas y pujará por una relación virtuosa con el país, de quien obtuvo un espaldarazo técnico a la iniciativa.
Lo importante de lo conversado con la subdirectora gerente del FMI fue que, de lograrse la aprobación en el Congreso de la idea de aumentar la presión de Ganancias sobre los privados, lo recaudado habrá que esperarlo más para 2023 que para este año. Las empresas que estén alcanzadas por el impuesto lo declararán recién cuando presenten sus balances de este ejercicio, algo que sucederá, en su mayoría, entre fines de 2022 y el primer cuatrimestre de 2023, con lo que la AFIP lo percibiría en el próximo ejercicio fiscal.
Sin embargo, esto no fue algo que incomodara ni al ministerio de Economía ni al FMI ya que Martín Guzmán, su equipo y el staff técnico del Fondo consideran que 2023 será más complicado que este año, especialmente en términos fiscales. Según las especulaciones financieras y fiscales del Ejecutivo en general, este año no habría mayores problemas para lograr un déficit entre ingresos y gastos primarios (sin contar intereses) no superior al 2,5% del PBI. Incluso desde Economía se especula con un porcentaje holgado algo lejos de la meta máxima. Esto, además de confiar en un crecimiento de la economía por arriba del 3,5%.
En esos días, para Economía era más importante que la “renta inesperada” ayude a lograr la meta de un déficit máximo de 1,9% para 2023; un año que, además, es electoral. En abril se lo veía también como una alternativa válida para acercar el año próximo posiciones políticas con el kirchnerismo durante tiempos electorales. De ahí que en esos tiempos el FMI no sólo veía con simpatía el incremento de la presión tributaria (incluso se presiona por un incremento aún mayor que el que tiene en mente Guzmán), sino que el traslado del ingreso real para el ya anticipado complicado 2023 es algo percibido como fiscalmente más efectivo.
Sin embargo, informados, saben desde Washington que las posibilidades políticas reales de avanzar con el tributo son bajas. Lectores de la realidad argentina, conocen en el FMI las dificultades internas de la coalición gobernante y las escasas posibilidades de que la “renta inesperada” pueda ser aprobada por un Congreso sin mayorías oficialistas.
Sobre las verdaderas intenciones actuales del Gobierno en avanzar en el proyecto y enviar el texto al Congreso aún no hay muchas novedades ni referencias. Por lo que se sabe, por ahora es un tema en discusión entre el Ejecutivo y los empresarios. La idea de Guzmán es avanzar siempre que haya consenso con los privados, algo que aún no se logró.
