La embestida incluyó la advertencia de que no descartan la presentación de “una lista propia, con candidatos propios, para los cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores departamentales y de la lista sábana y Tribunal de Cuentas Provincial”.
“El grupo de 250 intendentes y presidentes comunales ‘autoconvocados’ manifiesta su enérgico repudio y rechazo al destrato, falta de respeto, burla, manoseo y ninguneo recibido luego del pedido de tratamiento de modificación de la Ley 10.406”, dispararon, con foco en “todas las autoridades”.
La furia de los alcaldes (de los distintos partidos, aunados esta vez en esta causa) fue direccionada tanto contra la gobernante Hacemos por Córdoba -que lidera el peronista no kirchnerista Juan Schiaretti y que impulsa para la gobernación al intendente capitalino Martín Llaryora-, como contra la oposición encarnada en Juntos por el Cambio, que tiene como principales espadas a Luis Juez (Frente Cívico) y al radical Rodrigo de Loredo (el más amenazado en la coalición por el enojo municipal, de la mano de la dureza que mostraron los legisladores ucerreístas).
Ninguna de las dos fuerzas provinciales se animó a pagar el riesgoso costo político de aparecer dando el primer paso en el recinto parlamentario para desarmar el actual freno legal para esas carreras re-reeleccionistas, en las puertas de unos comicios 2023 donde cada voto cuenta.
Pero se ganaron ahora el combativo desencanto de terminales municipales propias, que en reacción amenazan con retacearles y erosionarles el apoyo electoral desde sus terruños, desdoblamientos masivos mediante respecto de una votación provincial que no tiene aún fecha oficializada.
La posibilidad de una re-re de intendentes en Córdoba (en pos de un tercer mandato consecutivo) quedó clausurada en 2016, de la mano de una ley fogoneada por Schiaretti que habilitó la posibilidad de sólo dos mandatos locales continuados.
Este año intendentes alcanzados por ese tope -son poco menos de 300, y de distintos colores políticos- trajinaron sin embargo oficinas y pasillos en pos de explorar y negociar una “reinterpretación” legislativa o judicial “por única vez” de aquella Ley 10.406, en rechazo a sus efectos de carácter “retroactivo”. Y en espejo con el retoque que sí cosecharon sus pares bonaerenses a fin de 2021 en la Legislatura de PBA.
Arenga
“No alentamos la reelección indefinida”, procuraron aclarar los intendentes cordobeses, a la hora de plantear su pedido de “rediscutir” qué período debería ser contabilizado como el primer mandato.
Pero los esfuerzos cayeron en saco roto y, en paralelo a las estocadas contra las conducciones provinciales, este escenario empuja ahora a obligados rearmados de postulaciones municipales en los oficialismos, con los comicios locales a la vuelta de la esquina.
Ese malestar quedó plasmado en el documento lanzado tras la sesión del miércoles en la Unicameral, en la que se discutió en cambio la aprobación de un fondo de emergencia para apuntalar la infraestructura educativa.
“Se desconoció el pedido de los verdaderos representantes del pueblo y sus intereses quienes, además, en el interior provincial somos los que estamos al frente de la resolución de las demandas ciudadanas, todos los días”, dispararon.
“Nunca se pretendió la reelección indefinida ni atornillarse a las sillas del poder, como sí lo hacen muchos dirigentes de diferentes partidos políticos desde 1983”, insistieron además, con manotazos a diestra y siniestra para el oficialismo y la oposición.