El Gobierno mendocino de Rodolfo Suarez realizó ayer una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo de las tierras cedidas por el Gobierno nacional a supuestas comunidades mapuches en extensos territorios del sur provincial.
La judicialización se da luego de que la administración mendocina no recibiera respuestas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Este organismo, a través de tres resoluciones otorgó unas 24 mil hectáreas en el departamento de Malargüe, donde además hay recursos hidrocarburíferos, y San Rafael.
En enero, Suarez había anunciado que intentaría declarar inconstitucional la resolución oficial del INAI. Luego se presentaron tres recursos administrativos que no fueron respondidos por el organismo nacional. Luego se interpuso un pronto despacho, que establece un nuevo plazo de respuesta, pero tampoco tuvo resultados.
“Ante la falta de respuesta del INAI a recursos presentados,con plazos legales vencidos para resolver, se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia,un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las ilegítimas Resoluciones vinculadas con pretendidas comunidades mapuches”, expresó a través de sus redes sociales el ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez, encargado de llevar los expedientes al máximo tribunal.
El funcionario de Suarez agregó en declaraciones a medios provinciales: “Ese silencio por parte del Estado Nacional a través del INAI implica el rechazo al pedido que ha hecho la provincia de Mendoza, que fundamentalmente se vincula a tres resoluciones del INAI, que hacen una asignación de aproximadamente 24.000 hectáreas a unas comunidades que se pretenden como mapuches, luego de un procedimiento fundado en una ley nacional de emergencia prorrogada por un DNU del presidente Fernández que es manifiestamente inconstitucional, que habilita al INAI a hacer lo que se llaman relevamientos”.
Tens ión
El punto es otro conflicto entre Suarez y el Gobierno nacional de Alberto Fernández, que tiene otros reclamos como la frenada obra de Portezuelo del Viento o el reparto de recursos discrecionales, con reclamos vigentes.
En cuanto a la cuestión mapuche, las comunidades reclamaban el reconocimiento sobre esas tierras bajo el argumento de su presencia ancestral. En total son cerca de 24.000 hectáreas, que fueron reconocidas tras la presentación de un informe histórico antropológico.
Así, la administración de Mendoza solicitó al asesor de Gobierno Ricardo Canet y al fiscal de Estado, Fernando Simón, que realicen los procedimientos necesarios para frenar la ejecución de las resoluciones del INAI.
La polémica en la provincia llevó a cuestionamientos de Cambia Mendoza al Gobierno nacional. Por caso, el senador radical, Alfredo Cornejo, enlazó la sesión de tierras al caso Huala.