Siguen las negociaciones entre el Gobierno y un sector de la oposición por la ley ómnibus. Y uno de los capítulos más discutidos es la liquidación de las acciones que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Un sector de la oposición pide que parte de los recursos se utilicen para pagar juicios a jubilados y a las cajas no transferidas de las provincias. Si el oficialismo no cede, un grupo de diputados votará en contra de ese artículo.
Pese a que en la primera lectura que hizo el secretario parlamentario, Tomás Figueroa, se había eliminado, el artículo que permite vender las acciones que posee el fondo de ANSES en grandes compañías fue incluido en el proyecto que obtuvo la mayoría en la votación en general del viernes pasado en la Cámara de Diputados.
Ahora, las miradas están puestas en lo que sucederá en la votación en particular que se realizará este martes, donde algunos de los artículos podrían ser rechazados o modificados. Por eso, hasta esta hora siguen las negociaciones entre los representantes del Gobierno y la oposición “dialoguista”.
El capítulo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES es uno de los que aún está en debate. En la oposición hay distintas posturas y no convence la idea de otorgar discrecionalidad en el uso de esos recursos. “Todavía no hay acuerdo. Forma parte de los puntos que vamos a discutir con la oposición”, confirmó a Radio 10 el jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago.
El pedido de los gobernadores sobre el FGS
Dos legisladores del bloque Hacemos Coalición Federal confirmaron a Ámbito que “hay un pedido de algunos gobernadores para que una parte de los fondos que se obtengan vaya a las cajas no transferidas a las provincias y también para que un porcentaje se utilice para pagar juicios pendientes a jubilados por reajustes previsionales mal calculados”.
En el primer caso, se hace referencia a las trece cajas que provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, entre otras, conservan. Los mandatarios provinciales reclaman allí una deuda histórica por parte de ANSES. Sobre el último punto, los datos son alarmantes. Según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad que conduce Eugenio Semino, hay un stock de 300.000 juicios previsionales contra ANSES y más de 40.000 sentencias firmes del 2023 que todavía están pendientes de pago.
En cualquier caso la discusión es más amplia, los especialistas señalan también que el origen de los fondos es previsional, por lo que la utilización de esos recursos para otros fines podría considerarse una “confiscación”. A su vez, el defensor de la tercera edad solicita una recomposición y un “aumento de emergencia” para todos los jubilados, por el efecto de la inflación y los alarmantes datos en la caída de ventas de medicamentos.
Un alto funcionario de la Casa Rosada, descartó por ahora la posibilidad de que el Gobierno ceda en la modificación de este artículo. Pero el bloque de diputados que necesita el oficialismo para la votación en particular, advierte: “así como está, no sale”.
