Coincide en el análisis Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí: “en esta revisión entra en vigencia la cuestión fiscal, porque las otras dos no terminaban siendo operativas. Al momento de cerrarse el acuerdo se sabía cuáles habían sido las trasferencias del BCRA y que habían sido menores a las exigidas. Por lo cual, la meta operativa para esta revisión fue la fiscal, que resultó con un sobrecumplimiento por $20.000 millones, lo que equivale al 0,1 del PBI. Para ello, se usó la argucia técnica del cómputo de la trasferencia de rentas por la valuación de bonos entre valor nominal y valor mercado, pero no implica una anomalía, ni está fuera de lo permitido con el FMI, por lo cual no habría ningún problema”.
El cumplimiento de las metas en esta primera revisión, es una buena señal para el Gobierno, dado que uno de los objetivos del acuerdo era anclar expectativas. Sin embargo, apenas entró en vigencia el programa, el contexto internacional se complejizó por la guerra en Ucrania. En consecuencia, algunas proyecciones del Fondo sobre la Argentina quedaron desactualizadas, como la inflación para este año del 48%. Así también la cuestión de los subsidios sobre las tarifas, problemática que se vio agravada por el shock de precios internacionales. Estos puntos, que no forman parte de las metas exigibles, tendrán una recalibración en esta revisión.
Alfredo Schclarek Curutchet, investigador del CONICET, advirtió que a pesar de que en esta revisión se cumplirán todos los objetivos, las dificultades pueden aparecer en los próximos meses, principalmente sobre la meta de acumulación de reservas, lo que traerá tensiones sobre qué tasa de crecimiento puede permitirse el Gobierno.
“El Fondo Monetario Internacional anticipó que no va a ser flexible con las metas exigibles. Creo que lo difícil va a estar relacionado con las reservas, ya que, si bien la última semana el BCRA mostró un aumento en el ritmo de compra, preocupó el comportamiento en abril. Esto se debe al aumento de las importaciones dado al dinamismo de la economía, lo que llevará al gobierno a cuestionarse sobre qué tasa de crecimiento puede permitirse para que se cumpla la meta de reservas”.
Por su parte, para Chouza también el programa se irá complejizando a lo largo de los meses, pero advierte sobre otra meta, que tendrá vigencia a fin de año, momento en el que reduce la oferta de dólares del agro. “El programa se vuelve exigente con el paso de los trimestres, principalmente para el último, donde está el desafío. Entra operativamente la cuestión de la deuda flotante, que va a implicar algún tipo de recalibración sobre las prioridades de cómo disponer la política de gasto en la última parte del año, ya que, así como están hoy los números no cierran por las exigencias de asistencia y los subsistidos energéticos que siempre en la última parte del año se vuelven más pesados”.
Los subsidios son un punto clave, ya que, la reducción de los mismos impactará tanto en el déficit fiscal, que consecutivamente se reflejará en la capacidad del gobierno de lograr refinanciarse con deuda en pesos y evitar acudir a la emisión monetaria. Sin embargo, para Caprarulo, la reducción de los mismos que proyectaba el gobierno se ve difícil de cumplir.
“Ahora empezaron las audiencias y falta saber por cuánto y de qué forma se instrumentarán los aumentos. Por lo conocido hasta el momento parece muy difícil que se alcance la reducción de 0,6% del PBI en subsidios energéticos que se puso como objetivo el gobierno. Pero es importante que de todas formas se avance en empezar a resolver el problema. La aceleración del gasto en subsidios fuerza al Tesoro a modificar su cronograma y obtener un financiamiento neto mayor al esperado en la primera mitad del año. A su vez, el aumento en la inflación dificulta el objetivo también establecido en el acuerdo con el FMI de reducir el porcentaje de la deuda atada a la evolución de los precios” sostuvo Caprarulo.
