Con cerca de 24 cortes intermitentes en las rutas, la provincia de Jujuy seguía bajo un escenario de fuerte tensión tras los violentos incidentes registrados entre el viernes y el martes en rechazo a la reforma parcial de la Constitución que aprobó la Legislatura y que ayer fue oficializada por el gobierno del radical Gerardo Morales.
Al cierre de esta edición, efectivos de Gendarmería se desplegaban en las rutas de la provincia a fin de garantizar la circulación, pese a la persistencia de las protestas.
La presencia de fuerzas federales responde, en rigor, a la orden del juez federal subrogante, Diego Martín Matteucci, quien el martes habilitó la liberación de las rutas.
Según se informó, los efectivos llegaron desde la provincia de Santiago del Estero para sumarse al Escuadrón de Gendarmería de Jujuy.
Al publicar en el Boletín Oficial el texto de la nueva carta magna, la administración de Cambia Jujuy dejó asentada la marcha atrás en la redacción de dos artículos, el 50 y el 36, que refieren a los derechos de los indígenas y a la inviolabilidad de la propiedad privada, y propuso la rediscusión de los mismos en consultas de las que podrán participar todos los comuneros.
Sin embargo, el Gobierno de Morales confirmó que no modificará el artículo 67, que garantiza el derecho a la paz social y a la convivencia pacífica y, por ende, prohíbe los cortes.
Los bloqueos en las rutas generaban, por sexto día consecutivo, pérdidas millonarias para el sector turístico y productivo de la provincia. Por caso, estiman que como consecuencia del conflicto, se perdieron este fin de semana largo unos 700 millones de pesos por la caída en las reservas en hoteles.
Reclamo a Nación
La persistencia de los cortes llevó al Gobierno de la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, a redoblar ayer ante la justicia federal y al Gobierno nacional el pedido para la urgente liberación de las rutas.
En esa línea, el fiscal de Estado, Miguel Angel Rivas, denunció formalmente al Ministerio del Interior de la Nación y de Seguridad de la Nación, por la comisión de delitos con actualidad, permanencia y flagrancia (Artículos 194 y 209 entre otros del CPN), requiriendo inmediato restablecimiento de tránsito, transporte, servicios públicos y vías de circulación en el territorio provincial, con expresa habilitación de días y horas, ello con fuerzas de seguridad necesarias y suficientes.
En su presentación, el Fiscal indicó que se trata de cortes de rutas nacionales en diferentes puntos de la provincia que atentan contra derechos constitucionales básicos de libertad, atención de la salud, libre circulación, trabajo y comercio, entre muchos otros.
La reacción de la provincia se produce luego de que el Gobierno nacional desoyera este martes la orden del juez federal subrogante Matteucci, quien autorizó a Gendarmería Nacional y a la Policía de la provincia a “tomar todos los recaudos pertinentes para asegurar la libre circulación por las rutas nacionales” en el territorio provincial.
“Le dejo la orden del juez federal que usted, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, dice no haber recibido para liberar las rutas nacionales en Jujuy. A las 15:40 del día de ayer (por el martes) salieron las notificaciones y a las 17 ya tenía Gendarmería en su poder la orden del juez”, dijo Morales a través de su cuenta de Twitter.
En este contexto de fuerte tensión, se realizará hoy un paro nacional docente convocado por CTERA, que se suma a los paros realizados ayer en distintos puntos del país en solidaridad con el reclamo de los maestros de Jujuy.
También, bajo imperio de un paro general gatillado por la CGT regional Jujuy, diversos sectores de la provincia cumplirán hoy la segunda jornada de una medida de fuerza que no logró ser nacionalizada, pese a los esfuerzos de Pablo Moyano por conseguir los avales necesarios.
Anoche, los gremios docentes de Jujuy llevaron adelante la tercera marcha de antorchas en la ciudad de San Salvador que, tras los incidentes del martes, logró la adhesión de otros sectores como personal sanitario, organizaciones sociales, gauchos y hasta mineros que llegaron del interior para expresar su descontento con las medidas del gobierno de Gerardo Morales. “Arriba los salarios, abajo la reforma” es la consigna que los une.
“La verdadera democracia es aquella donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere, y defiende un solo interés: el del pueblo”, expresa una pancarta con la que los mineros llegaron hasta el corte de Purmamarca que lleva seis días.
La columna de trabajadores, pertenecientes a la mina El Aguilar, arribó haciendo flamear banderas argentinas y wiphalas (la bandera de siete colores) y con cánticos a los que se fueron ensamblando las manifestantes en el lugar.
Los incidentes del martes dejaron al menos 50 heridos (la mayoría efectivos de la policía provincial) y casi 70 detenidos, además de graves daños y destrozos en la Legislatura y comercios aledaños en la capital de la provincia.
