El proyecto del gobierno de Tucumán de creación del Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL) deberá esperar por desavenencias que surgieron entre el empresariado, lo que provocó que la iniciativa no fuera incluida en los temas a tratar en la última sesión de la Legislatura. La propuesta del Poder Ejecutivo surgió de un pedido formulado desde la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) pero fue objetado por empresas que, según un comunicado que hicieron público, representan el 75% de la producción limonera tucumana.
El recorrido de la iniciativa arrancó en una nota que elevó ACNOA al gobernador Osvaldo Jaldo, contenido al que accedió Ámbito, en la que describió el difícil escenario del sector. «Existe una marcada disminución de la exportación de fruta fresca y consecuentemente una fuerte caída de ingresos por la venta de los productos industriales, producida por la superproducción mundial de limones y la pérdida de competitividad de Argentina, respecto de los competidores externos», dice el texto.
La misiva profundiza mucho más al sostener: «La participación de los derivados industriales de nuestras industrias, representan como mínimo, un 60% de las ventas mundiales. La baja de precios internacionales se basa fundamentalmente debido a los stocks acumulados en los últimos cuatro años en nuestra provincia. No escapará a vuestro criterio que un manejo ordenado de los mismos podría derivar en la sustentabilidad de más de 50.000 puestos directos además otros tantos de manera indirecta, llevando tranquilidad a la economía provincial y a los productores independientes. En este sentido solicitamos al gobierno provincial herramientas conducentes que tiendan a paliar la situación actual».
La relación entre Jaldo y el titular de ACNOA –que aglutina a productores tucumanos y salteños-, el citricultor tucumano Pablo Padilla, no es nueva y se consolidó cuando el exvicegobernador y actual mandatario tucumano tomó las riendas del Poder Ejecutivo al asumir el exgobernador Juan Manzur en el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Entre ambos timonearon el duro paro de transportistas por el precio del flete -en junio de 2022-, paritarias con el gremio cosechero y gestiones para la instalación en Tucumán de una fábrica modelo de ácido cítrico, aún sin concretar.
A poco de ingresar el pedido de ACNOA en la Casa de Gobierno, el ministro de Economía y Producción de la provincia, Daniel Abad, encomendó a técnicos el armado del proyecto, tomando como base el ya existente ente autárquico Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol en Tucumán (IPAAT), conformado por representantes del empresariado y el gobierno provincial. De este espacio surgen políticas para proteger la actividad, como el acuerdo para la exportación de los excedentes y evitar así que el precio baje para el mercado interno. «ACNOA nos pidió articular una herramienta con la experiencia que tenemos y elaboramos un anteproyecto de ley», sostuvo Abad.
El economista y ministro, justificó en la crisis del citrus la necesidad de que el Estado se constituya en un articulador entre las partes. «Hay excedente en la producción de limones y sus derivados, como el jugo; problemas de precio en el mercado mundial y competencia con Sudáfrica, lo que nos alertó porque hay 50.000 puestos de trabajo directo e indirecto que involucran a obreros del surco, químicos y empleados», sostuvo.
«A contramano de los tiempos que corren»
La iniciativa oficial ingresó hace diez días por Mesa de Entradas de la Legislatura, instancia en la que tomó conocimiento del proyecto otro sector de la actividad limonera que hizo conocer de manera inmediata su rechazo «al intervencionismo estatal en un mercado que era libre, a contramano de los tiempos que corren». «Expresamos nuestra profunda preocupación y nos oponemos al Proyecto de Ley 17-PE-24. A diferencia de lo que la ley pretende proteger, esta disposición perjudica a Tucumán y favorece directa, e injustamente, a otras provincias productoras como podrían ser Salta, Jujuy, Corrientes y a otros países competidores de Argentina como Estados Unidos, España, Brasil, Italia, Sudáfrica, que sin duda aprovecharán la disminución forzada de nuestra oferta para capturar y apropiarse de nuestros mercados y clientes, que con tanto esfuerzo, inversión de capital e innovación, logramos construir», reclamaron.
Entre los firmantes del comunicado que se hizo público en varios medios provinciales se encuentran las empresas Acequiones, Argentin Lemon, Biotuc, Citromax, Citrusvil, Diego Zamora e Hijo, Finar, Frutucumán, Inducítrica, Juan Antonio Zamora, La Patria, Lapacho Azul, Los Pempa, Nougues, San Miguel, Ucuchacra y Veracruz.
Frente a ello y cuando se analizaba en Labor Parlamentaria que la propuesta del Poder Ejecutivo fuera tratada en la sesión de este último martes de la Legislatura, el presidente del cuerpo, el vicegobernador Miguel Acevedo, solicitó que se convocara a las partes interesadas para escuchar sus opiniones. Tras su concreción, Abad confirmó la postura del Ejecutivo: «No se trata de una intervención por parte del Estado, sino de una herramienta con la que se pueda ordenar al sector para encausarlo».
«El gobernador ha decidido que la Provincia proponga un marco legal para solucionar los problemas del sector», sostuvo Padilla. «No considero que sea una intervención. Viene un actor importante que tiene autoridad y la obligación de proteger el bien común de la sociedad y nos convoca a formar parte de este instituto y nos sugiere algunos mecanismos para poder lograr la mejora del sector», agregó. Manifestó que la propuesta nació de datos que reflejan la crisis del sector, como las 6.000 hectáreas de producción que se perdieron -reemplazadas a otros cultivos- en estos últimos años y las 11.000 hectáreas abandonadas, por las que la Provincia no recibe ingresos.
Desde la otra vereda, el productor José Carbonell, exsenador nacional peronista, señaló: «Valoro que el gobierno quiera involucrarse en una crisis muy dura que tiene la actividad citrícola y en lo personal estoy de acuerdo con la intervención del Estado. Pero no estoy de acuerdo con el texto del proyecto de ley, creo que no es bueno que haya regulaciones impuestas, mayores costos y la ley plantea circunstancias que están lejos de ser reales».
Frente a ello, el proyecto se frenó, continúa en estudio de comisiones en la Legislatura y se espera que haya una sucesión de reuniones, tanto en la Casa de Gobierno como en la Legislatura, para acercar posiciones. «El oficialismo legislativo tiene el número suficiente para que el proyecto se apruebe tal como está, pero la idea es que haya consenso. Una ley sin acuerdo de la mayoría de las partes está condenado a que sea inaplicable», confió a Ámbito un legislador provincial peronista de dilata trayectoria.
